(OPINIÓN) Inteligencia artificial e interoperabilidad: la burocracia que Colombia ya podría haber resuelto. Por: Andrés Gaviria
Hace un tiempo tuve que tramitar algo sencillo, no importa qué, porque cualquier colombiano que lea esto ya está adivinando su propia versión de la historia, y terminé contando la misma información, con los mismos documentos, a cuatro entidades distintas en menos de dos semanas.
Mi cédula, mi dirección, mis ingresos, mi estado civil. Cuatro formularios, cuatro sistemas que no se hablan entre sí, lo que en la jerga de arquitectura de datos se llama, con una precisión casi poética, "silos de información", y cuatro funcionarios amables que me explicaron, cada uno por separado, que "esta entidad no tiene acceso a la información de la otra". En algún momento de esa semana entendí algo que me parece más revelador que cualquier estadística de eficiencia: el Estado colombiano no tiene un problema de falta de información sobre mí. Tiene la información cuatro veces, regada en cuatro cajones distintos, y ninguno de esos cajones sabe que los otros existen.
Lo curioso es que, en el papel, Colombia ya resolvió parte de esto. Desde hace varios años, MinTIC y la Agencia Nacional Digital conectan cerca de 130 entidades públicas a través de X-Road, la misma plataforma de interoperabilidad que hizo famosa a Estonia por permitir que ningún ciudadano tenga que entregar el mismo documento dos veces. Existe incluso una Carpeta Ciudadana Digital, pensada como ventanilla única. Y sin embargo, ahí estaba yo, cuatro veces, con las mismas fotocopias. La tecnología existe; lo que falta es que las entidades con las que un ciudadano de a pie interactúa todos los días, como una notaría, una caja de compensación o una secretaría municipal, estén realmente conectadas a esa columna vertebral, y no solo mencionadas en un informe de rendición de cuentas.
Pienso en esa distancia, entre la arquitectura que ya existe y la experiencia que yo vivo, cada vez que leo sobre la posibilidad de que el nuevo gobierno contrate a una empresa como Palantir para modernizar al Estado. La promesa es tentadora, casi indecente de lo obvia que es: si esa información dispersa se integrara de verdad, con herramientas capaces de encontrar duplicados aunque estén mal escritos o mal direccionados, probablemente aparecerían miles de contradicciones que hoy nadie ve, gente cobrando subsidios en dos municipios, contratistas haciendo el trabajo que ya paga un funcionario de planta, identidades duplicadas o hasta triplicadas, no sé si esa palabra existe, pero describe perfectamente lo que le pasa a este país.
Y sin embargo, algo en mí se resiste a celebrarlo sin reservas, y no es solo desconfianza barata hacia la tecnología. La misma integración de datos que podría encontrar al contratista fantasma es, técnicamente, idéntica a la que podría perfilar a un periodista incómodo, a un líder social, a alguien que simplemente piensa distinto al gobierno de turno. Tenemos, desde 2012, una ley que dice que los datos solo pueden usarse para el fin con que fueron recogidos, pero una ley se respeta o se ignora según quién esté mirando. No hace falta imaginación para saber que en Colombia eso ya ha pasado, con herramientas mucho más rudimentarias que un sistema de clase mundial. La pregunta que me hago no es si la tecnología funciona, que evidentemente sí, pues para eso la compran gobiernos y empresas en medio mundo, sino si nosotros, como país, tenemos la madurez institucional para usarla solo para lo que se supone que es: encontrar el fraude, no vigilar al vecino.
Es curioso que la solución a la duplicidad burocrática, ese problema tan de todos los días, tan poco ideológico, tan compartido por cualquiera que haya hecho una fila en una notaría, termine tocando una de las preguntas más delicadas de la vida pública: cuánto poder le damos al Estado para que nos conozca completamente, a cambio de que deje de pedirnos que le contemos lo mismo cuatro veces. No es una pregunta retórica. Es, literalmente, la que tendrá que responder el próximo gobierno en sus primeros meses, mientras negocia con empresas de tecnología que ya venden esta clase de integración a otros países, algunos democráticos y otros no tanto.
Por ahora, mi versión pequeña y doméstica del problema sigue sin resolverse: sigo teniendo que llevar las mismas fotocopias a la próxima entidad que me las pida, sabiendo que en algún servidor del Estado, quizás ya conectado a esa columna vertebral que nadie termina de aprovechar, existen completas, esperando a que alguien construya el último puente, el que va del sistema a la ventanilla. Tal vez la modernización que Colombia necesita no es tan distinta de la que necesitamos como personas: no se trata de acumular más datos sobre nosotros mismos, sino de ordenar los que ya tenemos regados por ahí, y tener la decencia de no usar ese orden para castigar a quien piensa distinto.
Si el próximo gobierno logra lo primero sin caer en lo segundo, habrá hecho algo que ningún gobierno reciente ha logrado: ahorrarle plata al país y, de paso, ahorrarme a mí una cuarta fotocopia de mi cédula.

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