(OPINIÓN) “El Libro de la Verdad” Por: Bernardo Henao Jaramillo

En él se encuentran 82 casos, 23 de ellos en el "núcleo anticorrupción" y una puesta en escena que amerita una explicación. No todo lo que aparece en este documento constituye delito probado. Hay asuntos de diferente naturaleza: cuestionamientos, decisiones administrativas, políticas y ejecución presupuestal discutibles. Y hay además algunos hallazgos considerados de gravedad.

Entonces, no es posible presentar los 82 casos bajo la misma etiqueta. Contexto que puede aumentar el impacto mediático o puede restar seriedad al análisis de los 23 eventos más exigentes. Las políticas públicas, por más equivocadas que sean, no constituyen necesariamente casos de corrupción. Los diferentes hallazgos pueden justificar investigaciones, pero eso no permite anticipar responsabilidades

El libro tiene valor precisamente porque obliga a documentar cómo recibió el Estado el nuevo gobierno y porque varios de sus señalamientos merecen ser investigados hasta sus últimas consecuencias. Pero ese mismo valor exige transparencia sobre su construcción. En los 23 casos más delicados debe poder conocerse cuál es el hecho concreto, qué soporte documental existe, qué actuación fue puesta en conocimiento de las autoridades y quién responde técnicamente por cada conclusión.

La eficiencia en la investigación permitió, según lo revela el informe, defender el patrimonio público logrando la suspensión de contratos a través de la actuación de las autoridades competentes y formulando las denuncias pertinentes.

Hay además un asunto institucional que no debería perderse entre los titulares: la manera como se realizó la entrega. No se trató simplemente de radicar un documento. La presentación se convirtió en un acto público realizado en las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación, con presencia de la fiscal general Luz Adriana Camargo, del procurador, del contralor y de los principales voceros del Gobierno.

La Fiscalía, naturalmente, debe recibir cualquier información que pueda revelar la comisión de delitos y tiene la obligación de examinarla. Pero precisamente por eso debe proteger con especial cuidado no solo su independencia, sino también la apariencia de independencia. Una cosa es recibir formalmente un expediente; otra es que la cabeza del ente acusador aparezca en el escenario en el que el Gobierno presenta públicamente acusaciones contra la administración anterior. La fiscal Camargo tuvo la prudencia de señalar que el contenido deberá ser sometido a valoración técnica y jurídica, con rigor probatorio, objetividad e independencia. Esa advertencia es importante, pero no elimina las preguntas que dejó la puesta en escena.

Conviene saber quién convocó el acto, por qué se realizó dentro de la Fiscalía, qué conocimiento previo tenía la entidad sobre el contenido del documento y cuál fue exactamente el alcance institucional de la presencia de la fiscal. No afirmo que Camargo haya avalado las denuncias ni que su participación constituya por sí misma una irregularidad. Incluso es posible que la dimensión política que terminó adquiriendo el evento no hubiera sido prevista por la Fiscalía. Justamente por eso sería conveniente que la entidad lo aclarara. La justicia no necesita fotografías que puedan interpretarse como adhesiones anticipadas; necesita expedientes, pruebas y decisiones.

La respuesta de Gustavo Petro tampoco debería reducirse a una descalificación automática. El expresidente ha sostenido que buena parte de los señalamientos corresponde a políticas públicas adoptadas por su Gobierno y que esas decisiones “no son delito”. Esa observación puede ser válida respecto de asuntos de gestión que no pueden criminalizarse por el solo hecho de ser discutibles. Pero Petro agregó algo igualmente relevante: cada ministro debe responder por lo que le corresponde y, si en algún caso existió un delito, debe imponerse la pena. Ese debería ser el estándar para todos.

Queda además una pregunta jurídica que merece aclaración. Si dentro de esos 23 casos existen hechos que eventualmente puedan comprometer de manera personal a Gustavo Petro por actuaciones u omisiones ocurridas durante el ejercicio de la Presidencia, surge el asunto del fuero constitucional y de la competencia de la Cámara de Representantes. La Comisión Legal de Investigación y Acusación es la instancia encargada de conocer las denuncias contra el Presidente y, cuando corresponda, preparar la acusación que debe decidir la Cámara y que puede llegar al Senado.

Esto no significa que la Comisión de Acusaciones tuviera necesariamente que participar en la ceremonia realizada en la Fiscalía, ni que todo el Libro deba terminar allí. Muchos de los señalamientos pueden corresponder a ministros, directores de entidades, contratistas u otros funcionarios y seguirán los canales ordinarios ante Fiscalía, Procuraduría o Contraloría. Pero sí sería conveniente conocer si alguno de los 23 casos atribuye una conducta personal al expresidente y, de ser así, si la documentación pertinente será remitida a la Comisión de Investigación y Acusación. La ausencia de esa explicación contribuye a la confusión sobre quién debe investigar exactamente a quién.

Y quizá lo más importante ahora sea pedir paciencia a los ciudadanos. La forma espectacular como se produjo la entrega del libro permitió que, en cuestión de horas, comenzaran a circular interpretaciones que presentan hallazgos como condenas, cuestionamientos administrativos como delitos y 82 asuntos de distinta naturaleza como 82 casos probados de corrupción. Tampoco sería responsable responder en sentido contrario y desechar de antemano los 23 señalamientos más graves simplemente porque provienen del nuevo Gobierno.

La justicia funciona de otra manera y, además, suele ser lenta. Vendrán verificaciones, asignaciones de competencia, recolección de pruebas, versiones de los señalados, decisiones de archivo en algunos casos y posiblemente investigaciones formales en otros. Todo eso requiere tiempo y garantías. El Gobierno cumplió con poner unos hechos en conocimiento de las autoridades; Petro y sus antiguos funcionarios tienen derecho a responder y los organismos competentes deberán establecer qué existe realmente detrás de cada señalamiento.

El libro de la Verdad que más bien es un informe de 135 páginas, puede ser un instrumento importante para conocer cómo recibió el Estado el nuevo gobierno. Pero su valor no dependerá del número 82, de una ceremonia en el búnker de la Fiscalía ni de anunciar desde ahora un “Libro Negro”. Dependerá de algo mucho menos espectacular: que los 23 casos del núcleo anticorrupción tengan responsables técnicos identificables, soportes verificables, trazabilidad procesal y decisiones de las autoridades competentes y una fotografía en la Fiscalía no sustituye una sentencia. Lástima el frustrado empalme.

Ahora comienza la parte menos espectacular, pero verdaderamente importante: dejar que las instituciones investiguen, que los señalados se defiendan y que la justicia con sus tiempos, sus competencias y sus garantías diga finalmente qué ocurrió. La lucha contra la corrupción necesita denuncias, pero sobre todo necesita expedientes sólidos. Si el libro tiene esa solidez, el escrutinio lo fortalecerá. Si no la tiene, ninguna puesta en escena podrá reemplazarla.

La verdad, también es un derecho de la comunidad.