(OPINIÓN) El Estado niñera. Por: María Clara Posada

Algunos debates parecen tecnológicos, pero en realidad son filosóficos. Colombia discute hoy proyectos para restringir o prohibir el acceso de menores a las redes sociales. La preocupación es legítima. La respuesta, sin embargo, puede terminar siendo más peligrosa que el problema: convertir al Estado en padre de familia.

Guy Sorman, a quien varias veces he citado en este espacio, planteó recientemente la cuestión con una provocación necesaria. Nadie puede ignorar los daños asociados al uso compulsivo de las redes ni las estrategias deliberadas de las plataformas para prolongar nuestra permanencia frente a la pantalla. Algoritmos diseñados para capturar atención, modelos corporales irreales, aislamiento, ansiedad y contenidos inadecuados justifican reglas estrictas para las empresas. Pero Sorman introduce una pregunta distinta: “¿Dónde se han metido los padres?”. Si cada peligro que enfrenta un niño termina convertido en una prohibición estatal, la familia acaba delegando aquello que constituye precisamente su responsabilidad.

Francia acaba de ofrecer una lección importante. El 14 de agosto, el Consejo Constitucional declaró contraria a la Constitución la disposición que prohibía a todos los menores de quince años acceder a redes sociales. No negó los riesgos. Reconoció expresamente que proteger el interés superior del niño puede justificar restricciones. Lo que consideró desproporcionado fue establecer una prohibición general que no distinguía plataformas, riesgos, edades, madurez o situaciones particulares y, significativamente, no permitía que quienes ejercen la autoridad parental pudieran levantar o modular esa prohibición.

La discusión colombiana debería comenzar allí. Nuestra Constitución no considera a la familia una dependencia administrativa. El artículo 42 establece que los padres deben sostener y educar a sus hijos, y el 44 distribuye la protección de los niños entre familia, sociedad y Estado. Incluso la Corte Constitucional ha recordado que la responsabilidad parental comprende orientación, cuidado, acompañamiento y crianza. El Estado protege, regula y actúa cuando los derechos están amenazados. No reemplaza ordinariamente a quienes tienen el primer deber de formar. Porque existe una tentación paternalista que conviene resistir.

El sueño de toda autocracia es acompañar al ciudadano desde la cuna hasta la tumba, diciéndole qué puede mirar, leer, escuchar, comer o pensar. Siempre habrá un burócrata convencido de saber mejor que una familia qué le conviene. El argumento suele comenzar con una buena intención. Precisamente por eso debemos establecer límites. Esto no significa abandonar a los menores frente a Silicon Valley. Significa, por el contrario, repartir correctamente las responsabilidades. A las plataformas corresponde impedir diseños adictivos, proteger datos, ofrecer controles efectivos y responder por prácticas dañinas. Al Estado le corresponde exigirlo, informar, educar y sancionar abusos. A los colegios, enseñar ciudadanía digital. Y a los padres les corresponde algo que ninguna ley puede tercerizar: estar presentes.

Sorman recuerda el precedente del tabaco. La solución no consistió en prohibir que los adultos fumaran, sino en revelar los riesgos, limitar publicidad, impedir ventas a menores y responsabilizar a las compañías. En el universo digital necesitamos una combinación semejante, adaptada naturalmente a la protección de los niños. Educar también significa aprender a decir no. Establecer horarios, retirar un teléfono durante la noche, conocer las aplicaciones que utilizan los hijos, conversar sobre pornografía, acoso y manipulación, y ofrecer alternativas de deporte, lectura, conversación y amistad. La autoridad parental no es autoritarismo sino una presencia responsable. Renunciar a ejercerla y pedir después que una ley haga ese trabajo es una claudicación.

La mejor política pública no será aquella que consiga que los padres dejen de decidir porque el Estado decidió por ellos. Será aquella que les entregue información, herramientas y autoridad para decidir mejor. Proteger a nuestros hijos exige leyes. Pero exige, sobre todo, recuperar una palabra que ninguna tecnología ha vuelto obsoleta: responsabilidad.