(OPINIÓN) Buenos Gerentes para Colombia. Por: Mateo Arjona

Cada vez que Colombia enfrenta un déficit fiscal, el debate gira alrededor de una misma pregunta: ¿de dónde sacar más recursos? La respuesta casi siempre termina siendo la misma: una nueva reforma tributaria, recortes estatales, más impuestos o mayor endeudamiento.

Sin embargo, pocas veces nos detenemos a mirar un activo que ya tiene el Estado y cuyo potencial económico está lejos de aprovecharse: sus empresas.

El Estado colombiano no solo administra ministerios y entidades públicas. También es propietario de un importante conglomerado empresarial conformado por 159 Empresas Industriales y Comerciales del Estado (EICE) y 126 sociedades de economía mixta, además de cientos de empresas de servicios públicos y otras compañías con participación estatal. Son organizaciones que administran activos de cientos de billones de pesos, operan en sectores estratégicos como energía, transporte, salud, defensa, servicios financieros y juegos de suerte y azar y que, bien administradas, podrían convertirse en una de las principales fuentes de generación de riqueza para la Nación.

El problema es que muchas de ellas no están siendo dirigidas con la mentalidad de quienes administran grandes compañías, sino con la lógica de la política.

El caso más evidente es Ecopetrol, la empresa más importante del país. En 2025 produjo apenas 745.300 barriles de petróleo por día, y sus utilidades cayeron de $14,9 billones a $9 billones, una reducción cercana al 40 %. Preocupa la pérdida de dinamismo en exploración, el aumento de costos, la disminución de reservas y la incertidumbre sobre la estrategia futura de la compañía. Esto sumado a las investigaciones recientes por corrupción, irregularidades y violaciones al Gobierno Corporativo.

Satena, por su parte, es una empresa estratégica para conectar las regiones más apartadas del país. Sin embargo, cerró 2025 con pérdidas por $20.509 millones, acumulando varios años consecutivos de resultados negativos. Aunque cumple una función social indispensable, resulta evidente que el país sigue sin encontrar un modelo de gestión que la convierta en una aerolínea regional eficiente, competitiva y financieramente sostenible. En cualquier empresa privada, una organización que acumulara pérdidas durante varios años obligaría a replantear profundamente su dirección y su estrategia. En el Estado, en cambio, pareciera que no pasa nada.

En Coljuegos, la situación es igualmente retadora. La entidad administra un sector estratégico para las finanzas públicas. Solo en 2025, los juegos de suerte y azar transfirieron $1,1 billones para financiar la salud de los colombianos, mientras que los operadores de juegos en línea aportaron cerca de $1,3 billones adicionales en IVA para la Nación en adición al Impuesto de Renta que puede sumar otros $2 billones aproximadamente. Sin embargo, buena parte del crecimiento continúa dependiendo de apenas cuatro grandes líneas de negocio, cuando el potencial de innovación, digitalización, nuevos productos regulados y combate a la ilegalidad podría multiplicar estos recursos. Todo ello, además, en medio de cuestionamientos públicos sobre decisiones administrativas irregulares que han afectado la confianza en la entidad y el sector.

Indumil registró ventas cercanas a $782.000 millones y utilidades superiores a $158.000 millones durante 2025. Sin embargo, sus exportaciones apenas alcanzaron alrededor de $9.700 millones, una cifra muy modesta para una industria militar que debería estar compitiendo con productos de mayor sofisticación tecnológica y valor agregado en mercados internacionales. Mientras otros países avanzan aceleradamente en nuevas tecnologías para la defensa, Colombia continúa muy lejos de aprovechar plenamente el potencial de su industria militar.

Casos similares pueden encontrarse en entidades como Nueva EPS, cuya compleja situación financiera evidencia problemas de gestión que hoy afectan directamente la prestación de servicios de salud, o 4-72, que enfrenta un mercado cada vez más competitivo sin lograr consolidar una estrategia que le permita competir de igual a igual con los operadores privados.

Una empresa pública no debería ser dirigida con menos exigencia que una empresa privada. Debería administrarse con incluso mayor rigor, porque el dinero que está en juego pertenece a todos los colombianos.

Por eso, el Gobierno del Presidente Abelardo De La Espriella tiene una oportunidad histórica para marcar la diferencia: nombrar buenos gerentes para Colombia.

Y cuando hablo de buenos gerentes, no me refiero únicamente a personas con títulos universitarios, maestrías o doctorados. Todo eso suma, pero no garantiza resultados.

El país necesita hombres y mujeres con integridad, principios y carácter moral; personas capaces de resistir presiones políticas, combatir la corrupción y administrar los recursos públicos con absoluta transparencia. Pero también necesita gerentes que hayan demostrado, con resultados, que saben dirigir organizaciones complejas, aumentar ingresos, controlar costos, liderar equipos, innovar, transformar compañías y tomar decisiones difíciles cuando sea necesario.

En el sector privado, un gerente que por varios años reduce la rentabilidad de una empresa, pierde participación de mercado o no cumple sus metas difícilmente permanece en el cargo. En muchas entidades públicas, en cambio, la mediocridad suele encontrar refugio en la burocracia, la política o las excusas.

Eso tiene que cambiar.

Las juntas directivas de las empresas estatales deben actuar como verdaderos órganos de gobierno corporativo: exigir indicadores, evaluar resultados, promover la innovación, sancionar el bajo desempeño y respaldar a quienes produzcan valor para el país.

Porque una empresa pública bien administrada no solo genera utilidades. Genera empleo, inversión, innovación, competitividad y recursos para financiar mejores hospitales, carreteras, colegios y programas sociales.

En un momento en que Colombia enfrenta uno de los mayores retos fiscales de las últimas décadas, quizás la discusión no debería concentrarse únicamente en cómo recaudar más impuestos, sino en cómo administrar mejor el inmenso patrimonio empresarial que ya pertenece a todos los colombianos.

No podemos seguir permitiendo que compañías con un potencial extraordinario sean administradas con criterios políticos cuando deberían estar dirigidas con estándares de clase mundial. Cada empresa estatal que mejora su productividad, aumenta sus utilidades o encuentra nuevas fuentes de ingresos reduce la presión sobre los contribuyentes y fortalece la capacidad del Estado para cumplir sus funciones.

Porque los países no se transforman únicamente con buenas leyes.

También se transforman con buenos gerentes.

— Mateo Arjona, Economista y Consultor en Marketing Estratégico.