Luis Pérez asumirá la Presidencia del Banco Central en medio de cambios financieros en Venezuela

En las últimas horas se conoció una serie de cambios en el gobierno de Venezuela y según la información la presidenta encargada Delcy Rodríguez, se refirió a la renuncia de Laura Guerra a la presidencia del Banco Central de Venezuela (BCV) y anunció la designación de Luis Pérez como su sustituto en el cargo.

De acuerdo con la información oficial, la dimisión fue comunicada directamente por Guerra, quien se desempeñaba al frente del ente emisor desde abril de 2025 y continuará en funciones dentro de la administración pública. Rodríguez indicó que el relevo se formaliza con la incorporación de Pérez, quien ejercía responsabilidades dentro de la estructura del propio organismo.

El anuncio se produce en un contexto marcado por recientes cambios en el sistema financiero venezolano. Expertos han manifestado que las nuevas disposiciones habilitan a las instituciones financieras estatales a realizar transacciones en divisas, acceder a cuentas en el exterior y reactivar mecanismos de pagos y transferencias, luego de varios años de restricciones. Estas medidas forman parte de un esquema de licencias que regula las operaciones del sector bancario venezolano.

En paralelo al anuncio del cambio en la dirección del BCV, Rodríguez promulgó la nueva Ley Orgánica de Minas, aprobada previamente por la Asamblea Nacional. La firma del instrumento legal se realizó durante un acto en el que participaron trabajadores del sector, delegados regionales, representantes empresariales y pequeños productores, algunos de ellos conectados de manera remota desde el Complejo Minero “Manuel Carlos Piar”, ubicado en Guayana.

Según lo expuesto durante la actividad, la normativa establece un marco regulatorio para la actividad minera en el país. Entre sus disposiciones se incluyen mecanismos orientados a la organización de las actividades extractivas, la participación de distintos actores económicos y la supervisión estatal sobre los recursos minerales.

El texto legal también contempla esquemas de asociación entre empresas públicas, privadas y mixtas, así como lineamientos para la inversión en el sector. De acuerdo con lo indicado por las autoridades, la ley incorpora criterios relacionados con la protección ambiental, la seguridad laboral y la responsabilidad social en las operaciones mineras.

La promulgación de esta legislación forma parte de una serie de decisiones adoptadas por el Ejecutivo en el ámbito económico, en un escenario de ajustes institucionales y de reactivación de relaciones financieras con actores internacionales.

Las autoridades señalaron que la implementación de la ley busca estructurar el funcionamiento del sector minero bajo parámetros definidos por el Estado, al tiempo que se establecen condiciones para la participación de inversionistas y productores en las distintas fases de la actividad.