Keiko Fujimori asume hoy la Presidencia de Perú con el desafío de recuperar estabilidad y enfrentar la inseguridad

Con la mirada puesta en la recuperación del orden interno y la estabilidad política, Keiko Fujimori asumió este martes la Presidencia del Perú durante una ceremonia solemne desarrollada en el Congreso de la República. El acto de investidura comenzó a las 12:00 del mediodía y marcó el inicio de un periodo gubernamental que se extenderá hasta el año 2031.

Tras la juramentación, la nueva presidenta tenía previsto trasladarse al Palacio de Gobierno cerca de las 14:00 horas para recibir los honores de Estado, en una jornada que coincidió con la celebración de la independencia peruana y las actividades oficiales por las fiestas patrias.

Fujimori, representante del sector conservador de la política peruana, llega a la Casa de Pizarro después de imponerse en junio en una segunda vuelta electoral frente al progresista Roberto Sánchez, en una contienda marcada por la estrecha diferencia de votos y por el respaldo decisivo recibido desde el exterior. Con esta victoria, la dirigente política alcanzó la Presidencia en su cuarto intento electoral por llegar al máximo cargo del país.

Su llegada al poder tiene además un componente histórico y familiar. Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), retorna al Palacio de Gobierno, un lugar que ya conoció durante su infancia y juventud cuando acompañó a su padre durante su administración y posteriormente asumió el rol de primera dama tras el divorcio de sus padres en 1994.

El recuerdo de su padre estuvo presente durante la jornada de posesión. En una publicación compartida en sus redes sociales, la nueva mandataria escribió: “Papá, hoy el Perú te recuerda y millones te llevan en su corazón. Sé que me acompañas en este día tan importante”, en referencia a Alberto Fujimori, quien falleció en 2024.

El inicio de su administración estará marcado por uno de los principales problemas que enfrenta actualmente Perú: el crecimiento de la criminalidad organizada y, particularmente, la expansión de las extorsiones contra ciudadanos, comerciantes y transportadores.

Las cifras reflejan la magnitud del desafío. Las denuncias por extorsión aumentaron significativamente en los últimos años, pasando de 2.421 casos registrados en 2019 a 26.734 en 2025, según datos oficiales. Este fenómeno ha afectado especialmente a pequeños empresarios y trabajadores independientes que han denunciado amenazas y presiones por parte de organizaciones criminales.

Uno de los sectores más golpeados ha sido el transporte público. Durante 2025, la violencia asociada a estas redes criminales cobró la vida de 239 transportistas, principalmente mototaxistas que trabajan en zonas con mayores dificultades económicas y sociales.

Ante este escenario, la seguridad ciudadana será uno de los principales indicadores para medir la gestión de Fujimori durante sus primeros meses de gobierno. La nueva presidenta deberá definir estrategias para enfrentar a las bandas dedicadas a la extorsión y responder a una población que exige resultados frente al incremento de la violencia.

Sin embargo, el inicio de su mandato también estará acompañado de tensiones políticas. Sectores de oposición han planteado una serie de solicitudes a la nueva administración, entre ellas la revisión y eventual derogación de varias leyes aprobadas durante el anterior Congreso, dominado en ese momento por fuerzas cercanas al fujimorismo.

Según sectores críticos y expertos en seguridad, algunas de esas normas habrían debilitado las herramientas institucionales para combatir el crimen organizado. Por ello, el debate legislativo será otro de los escenarios clave durante los primeros meses del gobierno de Keiko Fujimori.