Expresidente peruano Ollanta Humala recuperó la libertad tras fallo del Tribunal Constitucional que anuló su condena

Poder Judicial ordenó la liberación inmediata del exmandatario

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dispuso la libertad inmediata de Ollanta Humala, acatando el fallo emitido por el Tribunal Constitucional del Perú.

La resolución judicial ordenó al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ejecutar la excarcelación del exjefe de Estado “en el día y bajo responsabilidad”, poniendo fin a más de un año de reclusión en el penal de Barbadillo, donde permanecía desde abril de 2025.

Con esta decisión también quedaron sin efecto las órdenes de captura que pudieran estar vigentes dentro del mismo proceso judicial, además de notificarse oficialmente al Ministerio Público, a la Sala Penal de Apelaciones y a las demás partes involucradas.

El pronunciamiento representa un giro de gran relevancia dentro de uno de los casos judiciales más importantes derivados de las investigaciones del denominado caso Lava Jato en Perú.

El Tribunal Constitucional anuló el proceso penal

La decisión del Poder Judicial fue consecuencia directa de una sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, que declaró fundada la demanda de hábeas corpus presentada por la defensa del expresidente.

El máximo intérprete de la Constitución concluyó que durante el proceso se vulneró el principio de legalidad penal, al considerar que la conducta atribuida a Humala no se encontraba tipificada como delito de lavado de activos en la legislación vigente cuando ocurrieron los hechos investigados.

Según el Tribunal Constitucional, las imputaciones relacionadas con los aportes recibidos para las campañas presidenciales de 2006 y 2011 fueron sustentadas mediante una interpretación que terminó aplicando de forma retroactiva una norma penal.

El colegiado sostuvo que ese procedimiento contraviene los principios fundamentales del derecho penal, especialmente el de tipicidad y el de irretroactividad de la ley penal.

Quedó sin efecto la condena de 15 años de prisión

Como consecuencia de la sentencia constitucional, el Poder Judicial declaró sin efectos la condena de 15 años de prisión que pesaba sobre el exmandatario.

Asimismo, quedaron anuladas todas las medidas de coerción procesal que habían sido impuestas dentro del mismo expediente judicial.

La resolución judicial precisa que, al desaparecer el fundamento legal que sustentaba la privación de la libertad, correspondía ordenar la inmediata excarcelación del expresidente.

La decisión representa uno de los fallos más relevantes de los últimos años dentro de los procesos derivados del caso Lava Jato en Perú, investigación que involucró a varios expresidentes y altos funcionarios por presuntos actos de corrupción y financiación irregular de campañas políticas.

El caso estaba relacionado con presunto lavado de activos

La investigación contra Ollanta Humala giraba alrededor de presuntos aportes económicos recibidos durante sus campañas presidenciales.

La Fiscalía sostenía que dichos recursos constituían operaciones de lavado de activos, tesis que finalmente fue rechazada por el Tribunal Constitucional desde el punto de vista de la aplicación de la ley penal vigente al momento de los hechos.

El fallo no se pronunció sobre la valoración probatoria de los hechos investigados, sino sobre la legalidad constitucional del proceso y la posibilidad de aplicar el delito de lavado de activos a conductas ocurridas antes de que existiera la tipificación correspondiente.

Precisamente ese análisis llevó al Tribunal Constitucional a concluir que se había vulnerado el principio de legalidad.

Una decisión con impacto en el sistema judicial peruano

La excarcelación de Ollanta Humala vuelve a poner en el centro del debate la aplicación de los principios constitucionales dentro de los procesos penales de alta complejidad.

El Tribunal Constitucional reiteró que ninguna persona puede ser juzgada o condenada mediante la aplicación retroactiva de normas penales ni a partir de interpretaciones extensivas que amplíen el alcance de un delito inexistente al momento de los hechos.

Ese criterio fue determinante para declarar la nulidad del proceso y ordenar que quedaran sin efectos tanto la sentencia condenatoria como las medidas restrictivas de la libertad.

Con la decisión adoptada este viernes, Ollanta Humala recuperó su libertad tras permanecer recluido durante más de un año, mientras el caso se convierte en un nuevo referente dentro de la jurisprudencia constitucional peruana sobre el principio de legalidad y las garantías fundamentales del debido proceso.