EE. UU. pidió revocar la ciudadanía del exembajador Víctor Manuel Rocha por espionaje para Cuba

El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó formalmente la desnaturalización de Víctor Manuel Rocha al sostener que su ciudadanía fue obtenida de manera fraudulenta en 1978, debido a que habría ocultado su relación con la inteligencia cubana desde 1973. 

Según la demanda, el exdiplomático mintió bajo juramento durante su proceso de naturalización al negar vínculos con actividades ilegales, afiliaciones políticas extremas o cualquier tipo de lealtad hacia gobiernos extranjeros, declaraciones que posteriormente fueron desmentidas por la investigación federal.

De acuerdo con el expediente judicial, la relación de Rocha con la Dirección General de Inteligencia de Cuba comenzó en 1973, cuando fue contactado en Chile durante una etapa de formación académica. 

A partir de ese momento, según las autoridades estadounidenses, inició una colaboración clandestina con el aparato de inteligencia cubano que se extendió de forma ininterrumpida durante décadas, consolidándose como uno de los casos de infiltración más prolongados dentro del servicio exterior estadounidense.

Tras obtener la ciudadanía en 1978, Rocha ingresó al Departamento de Estado en 1981 y desarrolló una carrera diplomática que se extendió hasta 2002. Durante ese tiempo ocupó cargos en distintos países de la región, entre ellos Honduras, República Dominicana, México, Argentina y Bolivia, además de desempeñarse en estructuras estratégicas como el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos y la Sección de Intereses en La Habana. 

De acuerdo con la investigación, esas posiciones le permitieron acceder a información sensible, incluidas comunicaciones diplomáticas y material clasificado.

Las autoridades estadounidenses sostuvieron que Rocha aprovechó esos cargos para suministrar información a la inteligencia cubana mientras ocultaba su doble rol dentro del servicio exterior. 

La demanda también indicó que el exembajador habría encubierto su pertenencia a redes ideológicas afines al Partido Comunista de Cuba y que falseó información relevante en su proceso migratorio, lo que constituyó la base del cargo de fraude en la obtención de la ciudadanía.

El caso salió a la luz desde diciembre de 2023, cuando Rocha fue arrestado en Miami acusado de conspirar para actuar como agente ilegal de un gobierno extranjero y de defraudar a Estados Unidos. 

Posteriormente, en abril de 2024, se declaró culpable mediante un acuerdo con la fiscalía federal, en el que admitió haber trabajado en secreto para Cuba desde 1973 y haber mantenido esa relación durante toda su trayectoria profesional en el servicio diplomático.

Durante el proceso judicial, la jueza federal Beth Bloom lo condenó a 15 años de prisión, al considerar probado que Rocha “traicionó a Estados Unidos durante 51 años” mientras ocupaba cargos de alta responsabilidad. La sentencia también incluyó una multa de 500.000 dólares y condiciones adicionales derivadas del acuerdo de culpabilidad, entre ellas la pérdida de beneficios económicos asociados a su carrera pública y la obligación de cooperar con las autoridades en el esclarecimiento del caso.

Como parte de la investigación, se mencionó además que el FBI llevó a cabo entre 2022 y 2023 una operación encubierta en la que un agente se hizo pasar por representante de la inteligencia cubana. 

En esas reuniones, al parecer Rocha habría reconocido su trabajo para el régimen de La Habana, describiendo su labor como una colaboración prolongada con la Dirección General de Inteligencia y utilizando expresiones que, según los registros, evidenciaban su identificación con esa estructura.

El caso fue descrito por las autoridades como uno de los episodios de infiltración más extensos y graves dentro del aparato diplomático y de seguridad nacional de Estados Unidos, debido a la duración del engaño.

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