EE.UU emitió licencia para permitir el suministro de diluyentes al petróleo venezolano

El Gobierno de Estados Unidos autorizó nuevas operaciones vinculadas al sector petrolero venezolano mediante la emisión de una licencia general que permitió la exportación y venta de diluyentes de origen estadounidense hacia Venezuela, insumo clave para la producción de crudos exportables.

La autorización fue emitida por el Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros en siglas OFAC, mediante la Licencia General Nº 47, fechada el 3 de febrero de 2026. 

El documento habilitó transacciones que involucraron al Gobierno de Venezuela, a Petróleos de Venezuela S.A. más conocida como PDVSA, así como a  las entidades que fueran de la estatal sin importar que la posesipon fuese de forma directa o indirectamente, con una participación igual o superior al 50 %, siempre que las operaciones fueran ordinarias e incidentales al suministro de diluyentes.

La licencia permitirá actividades previamente restringidas, entre ellas la exportación, reexportación, venta, reventa, transporte, almacenamiento y comercialización de los diluyentes estadounidenses. 

Asimismo, se autorizó el procesamiento de pagos relacionados con estas operaciones, así como la organización de servicios logísticos, el fletamento de buques, la contratación de seguros marítimos y coberturas de protección e indemnización, y la coordinación de servicios portuarios y de terminales, incluso cuando estos fueran prestados por entidades del Estado venezolano.

De acuerdo con el contenido de la autorización, los contratos vinculados a estas transacciones debieron regirse por las leyes de Estados Unidos o de alguna de sus jurisdicciones, y cualquier disputa derivada de ellos debía resolverse dentro del territorio estadounidense.

La medida constituyó la segunda licencia general concedida por Washington para flexibilizar el régimen de sanciones sobre Venezuela, luego de que Estados Unidos capturara al presidente Nicolás Maduro el mes anterior en un operativo realizado el 3 de enero, donde murieron alrededor de 100 personas.

Según la documentación citada, la decisión se enmarcó en la política de la administración estadounidense orientada a la recuperación del sector petrolero venezolano.

No obstante, la licencia estableció restricciones explícitas, por lo que, quedaron excluidos los pagos que no fueran comercialmente razonables, los canjes de deuda, los pagos en oro y las transacciones denominadas en monedas digitales, criptomonedas o activos emitidos por el Gobierno de Venezuela, incluido el petro. 

Tampoco se autorizaron operaciones que involucraran a personas o entidades vinculadas con Irán, Corea del Norte o Cuba, ni aquellas relacionadas con buques bloqueados o con bienes previamente sancionados, salvo lo expresamente permitido.

El documento también impuso obligaciones de reporte, lo que implica que las personas o empresas que realizaran operaciones bajo esta licencia debieron presentar informes detallados al Departamento de Estado y al Departamento de Energía de Estados Unidos, con información sobre las partes involucradas, las cantidades y valores de los diluyentes y las fechas de ejecución de las transacciones. 

El primer reporte debía entregarse dentro de los diez días posteriores a la primera operación y, posteriormente, cada 90 días mientras las actividades continuen.