Doce estados de EE. UU. demandan para frenar la mayor fusión de la historia de Hollywood

Una demanda contra el mayor acuerdo del sector

La mayor operación empresarial registrada en la industria audiovisual estadounidense quedó bajo escrutinio judicial. Doce fiscales generales estatales presentaron una demanda para impedir que Paramount Skydance Corporation complete la adquisición de Warner Bros. Discovery, una transacción cifrada en 110.000 millones de dólares que reuniría bajo una misma estructura corporativa a cadenas como CBS y CNN, junto a dos de los principales estudios cinematográficos del país norteamericano.

La coalición está integrada por California, Arizona, Colorado, Connecticut, Massachusetts, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón y Washington, y es liderada por el fiscal general californiano, Rob Bonta. El escrito fue radicado ante un tribunal federal de San Francisco.

Los tres mercados en disputa

Los demandantes argumentan que la fusión concedería a la compañía resultante un poder desproporcionado en tres mercados concretos: la distribución de películas de estreno amplio en salas, la producción de grandes producciones comerciales, conocidas en el sector como tentpoles, y la televisión por cable básica. Según su planteamiento, la reducción del número de competidores permitiría a la empresa combinada recortar costos y limitar la oferta de contenidos.

Los fiscales solicitaron a ambas compañías abstenerse de cerrar la operación hasta que concluya el proceso judicial. Ante la falta de un compromiso en ese sentido, presentaron a última hora del lunes una moción de orden de restricción temporal. El juez federal P. Casey Pitts evaluará el viernes esa petición de emergencia, que, de prosperar, suspendería la transacción mientras avanza el litigio antimonopolio.

Otros frentes judiciales y regulatorios

La demanda estatal no es el único obstáculo. El Sindicato de Guionistas de Estados Unidos, a través de sus filiales WGA West y WGA East, interpuso una acción independiente ante el Distrito Norte de California. La organización sostiene que la concentración infringe la legislación federal de competencia y perjudicaría a los escritores mediante menores salarios, menos oportunidades laborales y un deterioro de sus condiciones de trabajo.

El Departamento de Justicia había dado su visto bueno a finales de junio, tras concluir que la operación no dañaría de forma significativa la competencia. Esa decisión, sin embargo, no impide que los fiscales estatales presenten sus propios recursos.

En paralelo, la Autoridad de Competencia y Mercados del Reino Unido notificó a las partes la apertura de una investigación el pasado 9 de junio. El organismo desarrolla una revisión de Fase 1 destinada a determinar si el acuerdo plantea una perspectiva realista de reducción sustancial de la competencia, y prevé concluir esa etapa el 7 de agosto. Si el caso pasa a Fase 2, un grupo independiente de entre tres y cinco expertos asumiría el análisis y dispondría de hasta 24 semanas para pronunciarse.

Adicionalmente, el 30 de junio la secretaria de Cultura, Medios y Deporte británica anunció que se encontraba en disposición de emitir una notificación de intervención por interés público sobre la compra.