Colombia extraditó a Estados Unidos a alias «la Araña», el jefe de un grupo armado que Petro había protegido

«No se construye la paz protegiendo a narcoterroristas como este bandido», dijo De la Espriella tras la transferencia. «Le pido a las autoridades de Estados Unidos… que no pueda negociar acuerdos que dejen sus crímenes en la impunidad». Rojas, también conocido como «la Araña», fue trasladado en avión a California y quedó bajo custodia de agentes federales. Se le acusa de haber sido comandante y vocero de los Comandos de la Frontera, un grupo asociado con el tráfico de cocaína en el departamento del Putumayo, en la frontera con Ecuador y Perú, y enfrentará en Estados Unidos cargos por narcotráfico y terrorismo.

La extradición tiene un significado político que va más allá del caso. El expresidente Gustavo Petro había protegido a Rojas de la extradición para utilizarlo como mediador en las conversaciones entre el gobierno y los grupos armados y criminales, a los que buscaba contener mediante negociaciones en lugar de la confrontación militar. De la Espriella, por el contrario, desechó ese enfoque al asumir el poder en agosto: canceló las conversaciones de «paz total», ordenó tratar a todos los grupos armados como organizaciones terroristas y lanzó operaciones militares contra ellos con el apoyo de Estados Unidos.

Los Comandos de la Frontera son uno de los grupos que surgieron de la disidencia de las antiguas FARC tras el acuerdo de paz con el gobierno en 2016. Desde entonces, esos grupos han disputado el control de las rutas lucrativas de la droga y de otras economías ilícitas, y su enfrentamiento con el Estado y entre ellos ha dejado un rastro de violencia y desplazamiento en varias regiones del país. La entrega de Rojas a la justicia estadounidense es, para el gobierno, la demostración de que esa etapa de negociación con los cabecillas terminó.

El presidente ha hecho de la mano dura contra los grupos armados el eje de sus primeros tres meses de gobierno. Según el balance que presentó en un discurso el 12 de octubre, su administración contabiliza 32.503 capturas, 33 cabecillas puestos fuera de combate y 679 laboratorios de producción de droga destruidos o inhabilitados, y ha firmado más de 100 órdenes de extradición, entre ellas cinco contra antiguos negociadores de paz de grupos armados requeridos en Estados Unidos, cuyas entregas el gobierno anterior había congelado. Colombia se convirtió además en agosto en el decimonoveno miembro del Escudo de las Américas, la coalición anticártel impulsada por Trump, y el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, ha asegurado que Bogotá autorizó operaciones militares conjuntas contra el narcotráfico.

La figura del propio presidente, sin embargo, no está exenta de controversia. The New York Times reportó que De la Espriella, abogado defensor de profesión, fue investigado antes por las autoridades estadounidenses por sus vínculos con poderosos narcotraficantes, aunque nunca fue acusado, y que defendió a políticos vinculados con paramilitares de derecha. El mandatario ha respondido a esas publicaciones presentándose como un presidente que rompió con el pasado y que hoy es el principal aliado de Washington en la región.

Las organizaciones de derechos humanos han advertido que el regreso a la confrontación militarizada podría derivar en abusos por parte de las fuerzas del gobierno y en una escalada de la violencia. Sin embargo, muchos colombianos han expresado su apoyo a una mano más dura contra los grupos criminales, cuyas operaciones han provocado con frecuencia violencia y desplazamientos masivos de civiles. Esa tensión entre la eficacia de la ofensiva y sus costos en derechos humanos es la misma que el nuevo Congreso de Estados Unidos, controlado por los demócratas a partir de enero, examinará cuando decida sobre la ayuda en seguridad para Colombia.

En Estados Unidos, Rojas enfrentará un proceso federal en California por narcotráfico y terrorismo, delitos que conllevan penas de décadas de prisión. La extradición se suma a una serie de entregas que el gobierno ha acelerado desde agosto: entre las más de 100 órdenes firmadas figuran cinco contra antiguos negociadores de paz de grupos armados que el gobierno de Petro había protegido de la extradición. Para la Fiscalía colombiana y para la DEA, cada entrega es también una fuente de información: los cabecillas extraditados negocian con frecuencia reducciones de pena a cambio de testimonios sobre las rutas, los laboratorios y los contactos financieros de sus organizaciones, y es justamente ese tipo de acuerdo el que De la Espriella pidió públicamente que no se le conceda a Rojas.

La extradición de Rojas llega además en un momento de máxima coordinación entre Bogotá y Washington: el ejercicio militar conjunto Southern Vanguard continúa en Tolemaida, con unos 350 soldados estadounidenses entrenando junto al Ejército colombiano, y en noviembre están previstas visitas de alto nivel, entre ellas la del vicepresidente JD Vance y la del jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine. Para el gobierno, cada entrega de un cabecilla a la justicia estadounidense es una prueba de que la alianza funciona. Para sus críticos, es la señal de que la política de seguridad de Colombia se decide cada vez más en Washington.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Quién es alias «la Araña» y por qué fue extraditado?

Geovany Andrés Rojas es el presunto cabecilla de los Comandos de la Frontera, un grupo disidente de las FARC dedicado al narcotráfico en el Putumayo, y fue entregado a Estados Unidos para enfrentar cargos por tráfico de cocaína y terrorismo.

¿Cómo cambió la situación jurídica de Rojas con el nuevo gobierno?

A diferencia del expresidente Gustavo Petro, quien lo protegía para que actuara como mediador en diálogos de paz, el presidente Abelardo De la Espriella canceló dichas negociaciones y autorizó su extradición inmediata.

¿Qué representa este movimiento para la política exterior de Colombia?

Marca un giro hacia la «mano dura» y un alineamiento total con Washington, evidenciado en la firma de más de 100 órdenes de extradición y la integración de Colombia al Escudo de las Américas, la coalición anticártel impulsada por Donald Trump.