Los ataques con drones de los grupos armados en Colombia se duplicaron y los civiles pagan el precio

Los ataques causaron la muerte de 21 personas e hirieron a 145, entre ellas niños, y los civiles representan casi un tercio de los muertos y heridos, informó la entidad este jueves. La cifra revela una guerra que se libra cada vez más desde el aire, con comunidades enteras atrapadas entre los drones de los grupos armados y los de las fuerzas del Estado.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió que los drones infligen un miedo que va mucho más allá de las víctimas inmediatas: el zumbido recurrente de los aparatos aterroriza a las comunidades de las zonas en conflicto. En algunos territorios, el temor a los sobrevuelos y a los ataques ha provocado desplazamientos, restricciones a la movilidad y dificultades para trabajar los campos, acudir a los centros de salud o realizar las actividades cotidianas. Viviendas, instituciones educativas, estaciones de gasolina e infraestructura también han sido alcanzadas por los ataques.

La Defensoría señaló además que los ataques «restringieron el acceso de las misiones humanitarias y obstaculizaron los procesos de retorno y permanencia en los territorios». Es decir, los drones no solo matan e hieren: impiden que la ayuda llegue y que las familias desplazadas regresen a sus tierras. En un país donde el conflicto armado ya había vaciado veredas enteras, la guerra aérea añade una capa nueva de control territorial: quien domina el cielo de una zona, domina el movimiento de quienes viven en ella.

Es habitual en Colombia que los grupos armados demuestren su fuerza con drones letales improvisados, cargados con explosivos. Según los analistas, los grupos utilizan los aparatos con dos fines principales: los ataques y la vigilancia. Atacan a grupos rivales y a las fuerzas del Estado, y sobrevuelan los cultivos ilegales de coca para vigilarlos. El mes pasado, un informe de Human Rights Watch reveló que hay niños entrenados en la guerra con drones y que los grupos armados reclutan menores a través de redes sociales como Meta y TikTok, una denuncia que añade una dimensión aún más grave a una práctica que ya era alarmante.

Los drones, sin embargo, los usan los dos bandos. El vuelo de aeronaves no tripuladas sobre el terreno accidentado de Colombia hace que neutralizarlas sea difícil, y las fuerzas militares colombianas también han empleado en los últimos meses drones que lanzan granadas para enfrentar a los combatientes. Fuentes militares dijeron que en operaciones recientes las tropas colombianas han utilizado drones fabricados en Estados Unidos, un dato que conecta directamente esta guerra aérea con la cooperación en seguridad entre Bogotá y Washington.

Esa cooperación es el telón de fondo de la escalada. En enero de 2026, el gobierno colombiano anunció un proyecto de 1.680 millones de dólares para desarrollar un escudo antidrones. El presidente Abelardo De la Espriella gobierna desde un bastión militar en Barranquilla y libra una ofensiva frontal contra los grupos armados con el apoyo de Estados Unidos, que incluye el ejercicio conjunto Southern Vanguard en Tolemaida y el despliegue de tecnología y asesoría para combatir a las disidencias de las FARC, al ELN y a otras organizaciones que controlan las rutas del narcotráfico.

El auge de los drones se produce en el momento más violento del conflicto en años. El monitor de conflictos ACLED contabilizó agosto como el mes más letal en enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los grupos armados desde que comenzó a registrar a Colombia en 2018. La ofensiva del gobierno ha dejado, según sus propios balances, más de 32.000 capturas en diez semanas, pero la Defensoría advierte que la respuesta armada no está protegiendo a los civiles: son ellos quienes quedan en medio del fuego cruzado, entre los drones explosivos de los grupos y los drones de las tropas.

El informe de la Defensoría también advierte que la respuesta no puede ser solo tecnológica. El escudo antidrones anunciado en enero, por 1.680 millones de dólares, está pensado para proteger bases e infraestructura, pero la entidad insiste en que las comunidades necesitan corredores humanitarios, presencia institucional y garantías de retorno, y que los menores captados por los grupos para pilotar drones necesitan protección y desvinculación, no solo persecución. El ejercicio Southern Vanguard, en curso en Tolemaida, incluye precisamente entrenamiento en defensa contra drones y en respuesta ante ataques con estos aparatos, uno de los ejes de la cooperación con Estados Unidos que el gobierno presenta como parte de la solución.

La pregunta que deja el informe de la Defensoría no es solo militar, sino humanitaria. Un escudo antidrones de 1.680 millones de dólares puede proteger bases e infraestructura, pero no protege por sí solo a una familia campesina que escucha el zumbido sobre su casa ni a una escuela rural en zona de disputa. Mientras el gobierno y los grupos armados se disputan el cielo de Colombia con tecnología cada vez más sofisticada y con apoyo estadounidense en ambos lados de la balanza, como tecnología de un lado y como proveedor del otro, las comunidades afectadas piden lo mismo que pedían antes de que llegaran los drones: poder salir de sus casas, trabajar sus tierras y llevar a sus hijos a la escuela sin miedo.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Cuál es el impacto de los ataques con drones en Colombia según la Defensoría del Pueblo?

Los ataques aumentaron un 146% en los primeros cinco meses del año, dejando 21 muertos y 145 heridos. Los civiles representan casi un tercio de las víctimas y sufren desplazamientos y restricciones de movilidad por el temor a los sobrevuelos.

¿Cómo están utilizando los grupos armados esta tecnología?

Emplean drones improvisados con explosivos para atacar a rivales y fuerzas del Estado, además de vigilar cultivos de coca. Se ha denunciado incluso el reclutamiento de menores a través de redes sociales para ser entrenados en el manejo de estos aparatos.

¿Qué medidas está tomando el Gobierno para enfrentar esta amenaza?

El gobierno anunció una inversión de 1.680 millones de dólares para un escudo antidrones y realiza ejercicios conjuntos con Estados Unidos. Sin embargo, la Defensoría advierte que la respuesta tecnológica no basta para proteger a las comunidades rurales en el fuego cruzado.