Superintendencia de Sociedades confirmó multa a representante de Llaneros S.A. por incumplir órdenes oficiales

Quedó en firme la sanción económica impuesta contra el representante legal del Club Llaneros S.A., luego de que la Superintendencia de Sociedades confirmara la multa de 50 millones de pesos por incumplir órdenes emitidas por la entidad en el marco de sus funciones de supervisión.

La decisión ratifica la medida adoptada en marzo de 2026 contra Juan Carlos Trujillo Velásquez, quien había interpuesto un recurso de reposición buscando revocar la sanción. Sin embargo, tras el análisis de los argumentos presentados, la autoridad resolvió mantener la decisión “en su integridad”, al considerar que no existían fundamentos suficientes para modificarla.

De acuerdo con la Superintendencia, la sanción se originó en la reiterada desatención a los requerimientos realizados mediante los oficios n.os 302-073967 del 25 de julio de 2025, 306-188664 del 26 de noviembre de 2025 y 306-215002 del 8 de enero de 2026. Estas comunicaciones estaban relacionadas con procesos de verificación y análisis de la información financiera de la sociedad.

Según explicó la entidad, las irregularidades se presentaron en el marco de la evaluación de los estados financieros correspondientes a los años 2022, 2023 y 2024, así como en los hallazgos detectados durante una visita administrativa adelantada en mayo de 2023. A esto se sumó la falta de entrega de información adicional que había sido solicitada formalmente por la autoridad.

Para la Superintendencia, este tipo de conductas no solo constituyen un incumplimiento de obligaciones legales, sino que además tienen efectos directos sobre la transparencia del entorno empresarial. En ese sentido, advirtió que estas omisiones “afectan la confiabilidad de la información financiera, comprometen la transparencia empresarial y obstaculizan el adecuado ejercicio de las funciones de supervisión”.

El pronunciamiento también incluyó una advertencia por parte de la Superintendente de Sociedades (e), Nini Johanna Castañeda Quintero, quien enfatizó la responsabilidad que recae sobre los administradores y representantes legales de las empresas vigiladas. “El cumplimiento oportuno de los requerimientos e instrucciones impartidos por la Superintendencia constituye un deber esencial de los administradores y representantes legales de las sociedades sometidas a supervisión”, señaló.

La funcionaria subrayó además la relevancia de garantizar información financiera veraz y completa, al considerar que esto es clave para la toma de decisiones y la protección de los distintos grupos de interés. “La calidad, integridad y confiabilidad de la información financiera son elementos fundamentales para la protección de los grupos de interés, la transparencia empresarial y la adecuada toma de decisiones”, indicó.

Finalmente, la Superintendencia reiteró que continuará ejerciendo sus funciones con rigor, con el objetivo de fortalecer las prácticas de gobierno corporativo en el país. “Esta Entidad continuará ejerciendo sus funciones con rigor y objetividad, promoviendo una cultura de cumplimiento y buenas prácticas de gobierno corporativo”, concluyó la superintendente encargada.