Wilmar Mejía, denunciará en la Fiscalía supuesto “entramado criminal” para “desfalcar los recursos de la salud"

Durante el Consejo de Ministros, en una intervención oficial, Wilmar Mejía, director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), habló sobre los resultados de una investigación que según mencionó permitieron identificar una presunta red conformada por múltiples actores que habrían participado en mecanismos de desvío de recursos destinados al sistema de salud colombiano.

Según explicó, todo quedó constatado en un documento de más de 130 páginas elaborado, de acuerdo a lo que explicó, tras un proceso de seguimiento e investigación que incluyó la revisión de operaciones financieras, relaciones societarias y movimientos de recursos dentro del sector.

Mejía afirmó que los hallazgos evidenciaron lo que calificó como un “entramado criminal” que operaba al interior del sistema de salud y que involucraría a personas naturales, personas jurídicas, instituciones prestadoras de salud y otros actores relacionados con la administración de recursos públicos.

Asimismo, el funcionario señaló que sostuvo conversaciones con la Fiscal General de la Nación y con fiscales delegados para evaluar el alcance de la información recopilada y el impacto de su judicialización. Como resultado de ese proceso, anunció que presentará una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra aproximadamente 368 actores que, de acuerdo a lo que dijo, habrían integrado una estructura orientada a desfalcar recursos de la salud.

Mejía sostuvo que la decisión se adoptó en cumplimiento de las obligaciones legales que tienen los organismos de inteligencia de reportar posibles conductas delictivas a las autoridades competentes cuando se detectan indicios de irregularidades.

De acuerdo lo que aseguró el director de Inteligencia, la investigación identificó presuntos mecanismos de triangulación financiera mediante los cuales recursos del sistema habrían sido trasladados hacia patrimonios autónomos y fideicomisos de inversión.

Asimismo, mencionó que parte de los hallazgos apuntaban a la posible utilización de fondos públicos para ocultar pasivos de algunas Entidades Promotoras de Salud (EPS) y facilitar movimientos financieros que dificultarían la trazabilidad de los recursos.

El funcionario también mencionó la existencia de millones de facturas presentadas ante la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), sobre las cuales expresó preocupaciones relacionadas con su soporte documental y eventual reconocimiento económico.

Dentro de los resultados del informe, Mejía afirmó que fueron identificados 83 profesionales vinculados a actividades contables y de revisoría fiscal, 17 Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), 25 personas naturales que ejercían funciones de representación legal y dirección, así como 43 personas jurídicas relacionadas con las operaciones investigadas.

También indicó que se detectó la participación de una unión temporal que, según la investigación, habría facilitado algunas de las operaciones financieras objeto de análisis.

El director de la Unidad de Información y Análisis Financiero declaró que la documentación recopilada permitió establecer conexiones entre personas naturales, empresas y entidades que habrían conformado estructuras de integración empresarial utilizadas para movilizar recursos entre EPS, IPS y otras organizaciones.

Igualmente, Mejía señaló que algunos de los recursos investigados habrían sido transferidos a cuentas en el exterior, situación que, sostuvo, generó alertas de carácter fiscal y penal.

Por todo esto indicó que se adelantaron acciones de cooperación internacional para rastrear dichos movimientos financieros y precisó que se ha trabajado con agencias estadounidenses, entre ellas el FBI, con el propósito de seguir la trazabilidad de recursos que presuntamente habrían circulado fuera del país.

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