La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra siete embajadores y representantes diplomáticos por una presunta participación indebida en política durante el proceso electoral actual.

Según se informó, la actuación disciplinaria se originó a partir de una queja en la que se advirtió que varios funcionarios habrían utilizado redes sociales, especialmente X e Instagram, para publicar, compartir o replicar contenidos relacionados con aspirantes a la Presidencia de la República.

Entre los funcionarios vinculados al proceso estuvieron Milton Rengifo Hernández, embajador de Colombia en Venezuela, Luis Ernesto Vargas Silva, representante permanente ante la Organización de los Estados Americanos (OEA),José Roberto Acosta Ramos, embajador en Argentina, Luis Fernando Medina Madrid, representante ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Jhenifer María Sindei Mojica Flórez, embajadora ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Daniel Ernesto Prado Albarracín, embajador en Bélgica; y Elizabeth García Carrillo, embajadora en Bolivia.

Según el auto de apertura, la fecha exacta de los hechos investigados aún estaba por establecerse. Durante esta etapa preliminar, los diplomáticos podían rendir versión libre mientras el Ministerio Público avanzaba en la recolección de pruebas para determinar si incurrieron en conductas disciplinarias relacionadas con participación en política.

Por esto, la Procuraduría ordenó la práctica de pruebas documentales y solicitó apoyo técnico para verificar publicaciones, comentarios, interacciones y demás actividades realizadas desde las cuentas asociadas a los funcionarios investigados.

Uno de los casos mencionados fue el de Luis Ernesto Vargas Silva, representante del país ante la OEA, quien había replicado en redes sociales varias publicaciones dirigidas contra el entonces candidato presidencial Abelardo de la Espriella. No obstante, se indicó que el funcionario no había emitido mensajes propios sobre el tema.

La entidad aclaró que la apertura de la investigación no implicaba una determinación de responsabilidad disciplinaria, sino el inicio de una fase destinada a establecer la ocurrencia de los hechos denunciados y su eventual relevancia jurídica.

La investigación contra los embajadores se sumó a otros procesos disciplinarios que adelantaba la Procuraduría durante la campaña electoral, pues ya el procurador general, Gregorio Eljach, informó hace unas semanas que el organismo mantenía abiertos 142 expedientes relacionados con presuntas intervenciones de servidores públicos en actividades políticas y electorales.

Dentro de esos procesos figuraban seis ministros del Gobierno del Presidente Gustavo Petro. Las investigaciones abarcaban funcionarios de distintos niveles del Estado y se desarrollaban en varias regiones del país.

Uno de los casos más recientes correspondió al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien fue investigado tras la difusión de un video grabado durante un evento realizado en Coyaima, Tolima. En esa grabación, el funcionario realizó declaraciones relacionadas con la participación electoral, situación que motivó la apertura de una actuación disciplinaria para establecer si existió alguna conducta prohibida por la normatividad vigente.

La Procuraduría reiteró entonces que los servidores públicos tenían la obligación de abstenerse de intervenir en actividades políticas utilizando su investidura o los recursos del Estado, e insistió en la necesidad de actuar con prudencia durante el proceso electoral que culminaría con la elección presidencial.

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