Recusaron al magistrado Ibáñez y se frenó el debate sobre la reforma pensional en la Corte Constitucional

El análisis de la reforma pensional del Gobierno Petro en la Corte Constitucional enfrenta un nuevo obstáculo, ya que un ciudadano presentó una recusación contra el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, quien es autor de la ponencia que propone declarar inconstitucional la Ley 2381 de 2024, argumentando presunta “enemistad ideológica” y falta de imparcialidad frente al Ejecutivo.

La solicitud, dirigida a la Secretaría General de la Corte, pide que Ibáñez sea apartado del proceso que evalúa la demanda interpuesta por la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático.

El documento sostiene que el Magistrado “mantiene una posición política adversa al Gobierno Nacional” y que su análisis sobre la reforma “desborda el ámbito jurídico al incluir valoraciones de conveniencia política”.

De acuerdo con el texto radicado, Ibáñez habría incurrido en expresiones que “ponen en duda su neutralidad” al referirse a los efectos económicos y sociales del proyecto, lo que, según el solicitante, vulnera el principio de imparcialidad judicial consagrado en la Constitución y en estándares internacionales.

También se argumenta que su elección por el Consejo de Estado, catalogado como un órgano de tendencia conservadora, podría influir en su independencia frente a una norma considerada bandera del actual Gobierno.

La recusación fue presentada después de conocerse la ponencia de 83 páginas en la que Ibáñez concluye que la reforma pensional fue aprobada en sesiones extraordinarias convocadas sin el cumplimiento de los requisitos legales.

Según el documento, la citación a la Cámara de Representantes del 27 de junio de 2025 se habría hecho con solo cinco horas de anticipación, cuando la Ley 5ª de 1992 exige un mínimo de tres días. Además, señala que el quórum en la sesión no era suficiente para tomar decisiones y que los legisladores desobedecieron el Auto 841 de la Corte, que ordenaba corregir los vicios de trámite.

En la práctica, si la recusación es admitida, el proceso tendría que suspenderse hasta que la Corte determine si el magistrado puede seguir participando o debe ser reemplazado. Este escenario podría retrasar la decisión de fondo sobre la ley, que ha sido objeto de amplio debate político por su alcance y sus implicaciones fiscales.

La Corte Constitucional ya tiene pendiente otra recusación, en este caso contra el magistrado Héctor Carvajal, quien fue abogado del presidente Petro y contratista de Colpensiones, entidad que se beneficiaría con la implementación del nuevo sistema. Este recurso fue interpuesto por la senadora Valencia, quien alegó un posible conflicto de intereses.

Con ambas recusaciones en trámite, el estudio de la reforma pensional queda temporalmente detenido. Mientras tanto, la ponencia de Ibáñez, genera posiciones encontradas dentro y fuera del tribunal. Para sectores cercanos al Gobierno, el documento refleja un sesgo político, mientras que desde la oposición se resalta como una defensa del control constitucional frente al trámite legislativo.

Ahora la Sala Plena tendrá que resolver primero los impedimentos antes de avanzar en la discusión de fondo, lo que podría extender los plazos para una decisión definitiva. En caso de prosperar la ponencia de Ibáñez, la reforma quedaría anulada en su totalidad y el Gobierno tendría que presentar un nuevo proyecto ante el Congreso. Por ahora, la Corte permanece en espera de definir la validez de las recusaciones y el futuro del trámite judicial.