Procuraduría formuló cargos al exalcalde de Charta, Santander, por fallas técnicas en contrato de puentes de $1.719 millones

La Procuraduría General de la Nación abrió formalmente la etapa de juicio disciplinario contra tres exfuncionarios del municipio de Charta, Santander, por presuntas irregularidades relacionadas con la contratación de puentes metálicos destinados al tránsito vehicular en las veredas La Rinconada y La Caña.

El proceso se relaciona con un contrato firmado en 2023 por un valor de $1.719.874.330. Según la información divulgada por el órgano de control, las posibles irregularidades no se concentran directamente en la ejecución de las obras, sino en las condiciones técnicas de los estudios que sirvieron de fundamento para adelantar el proyecto.

La Procuraduría señaló que esos documentos, elaborados en el marco de un contrato de consultoría, habrían presentado deficiencias geotécnicas y estructurales que debían ser examinadas antes de autorizar la contratación.

Uno de los señalados es Álvaro Toloza Rojas, quien se desempeñaba como alcalde de Charta cuando se suscribió el contrato. El organismo de control cuestiona que, presuntamente, hubiera formalizado el negocio jurídico sin advertir las posibles falencias de los soportes técnicos que respaldaban el proyecto.

El segundo investigado es Juan Carlos Gómez Castro, entonces secretario de Planeación e Infraestructura y encargado de supervisar a la empresa consultora. De acuerdo con la Procuraduría, habría tramitado los productos entregados por esa firma sin verificar suficientemente su conformidad con los requisitos técnicos y las normas aplicables.

El tercer implicado es Harold Marcel Moreno Landazábal, quien prestaba apoyo técnico a las labores de supervisión. La investigación busca establecer si omitió identificar las inconsistencias que presuntamente contenían los estudios previos a la ejecución de las obras.

Las conductas atribuidas a los tres exfuncionarios están relacionadas con sus respectivas responsabilidades dentro de la planeación y contratación del proyecto.

Dentro de los antecedentes contractuales también figura la contratación, en octubre de 2023, de una interventoría para realizar el seguimiento técnico, administrativo, financiero y ambiental de los puentes.

El contrato de interventoría tuvo un valor cercano a los $146,8 millones y estaba destinado a acompañar y verificar diferentes aspectos del proyecto. Este componente forma parte del contexto que deberá examinarse para establecer cómo se desarrollaron los controles previstos durante la ejecución contractual.

La revisión disciplinaria deberá determinar si las presuntas deficiencias de los estudios fueron identificables durante las etapas de planeación, supervisión y contratación, y si las actuaciones de los funcionarios se ajustaron a sus obligaciones.

La Procuraduría precisó, mediante la formulación de cargos, las conductas que atribuye a los investigados y las posibles normas disciplinarias vulneradas. Esta decisión marca el inicio de la fase de juicio, en la que los procesados pueden presentar sus explicaciones, solicitar pruebas, controvertir los elementos incorporados al expediente y ejercer su derecho de defensa.

El organismo calificó provisionalmente las conductas como faltas gravísimas cometidas a título de culpa grave. Esta modalidad supone que la posible responsabilidad se analiza desde una presunta falta grave al deber de cuidado, sin que ello implique atribuirles necesariamente la intención de causar un daño.

La calificación jurídica todavía debe ser evaluada durante el proceso. Solo una decisión de fondo podrá establecer si hubo responsabilidad disciplinaria y, en ese caso, cuáles serían las consecuencias previstas en la ley.

Por ahora, el exalcalde y los dos exfuncionarios no han sido sancionados en este expediente. La Procuraduría deberá determinar si las presuntas deficiencias técnicas tuvieron relevancia disciplinaria y si cada uno incumplió las obligaciones propias de su cargo.

Hasta el momento, no se conocen pronunciamientos públicos de los investigados ni de sus representantes legales frente a la formulación de cargos.

El caso pone bajo revisión los procedimientos de planeación y supervisión de una obra de infraestructura rural en Charta, así como los controles que deben respaldar la contratación pública. La decisión definitiva dependerá de las pruebas y de las garantías procesales que se desarrollen durante el juicio disciplinario.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Por qué la Procuraduría formuló cargos contra el exalcalde de Charta?

El ente de control investiga presuntas irregularidades en un contrato de 2023 por $1.719 millones para construir puentes metálicos, debido a deficiencias técnicas en los estudios geotécnicos y estructurales.

¿Quiénes son los exfuncionarios implicados en el proceso?

Los señalados son el exalcalde Álvaro Toloza Rojas, el exsecretario de Planeación Juan Carlos Gómez Castro y el asesor técnico Harold Marcel Moreno Landazábal.

¿Cuál es la gravedad de las conductas señaladas?

La Procuraduría calificó provisionalmente las faltas como gravísimas cometidas con culpa grave, al considerar que hubo una posible omisión del deber de cuidado en la planeación y supervisión del proyecto.