Cuenta regresiva para los $160.000 millones de Devimed: MinTransporte prometió salvarlos, pero el plazo vence el 31 de octubre

La financiación de varios proyectos de infraestructura en el Oriente antioqueño volvió a la agenda nacional después de que la ministra de Transporte, Noguera, anunciara que el Gobierno buscará una alternativa para ejecutar las obras con recursos provenientes de los excedentes de peajes administrados por la antigua concesión Devimed.

El anuncio se produjo durante una sesión de la Comisión Sexta del Senado, convocada por el senador antioqueño Esteban Quintero Cardona. En ese espacio, la funcionaria aseguró que la administración del presidente Abelardo De la Espriella tiene el compromiso de avanzar en las intervenciones que reclaman las comunidades de la región.

La ministra sostuvo que las obras deben concretarse y señaló que, ante el limitado crecimiento económico, resulta conveniente evaluar su ejecución mediante el concesionario que conoce la infraestructura. No obstante, aclaró que la posibilidad de encargarle los trabajos a Devimed requiere una revisión jurídica previa.

Para avanzar en esa alternativa, la titular de la cartera impartió instrucciones al presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y al director del Instituto Nacional de Vías (Invías), con el propósito de examinar las condiciones legales y administrativas necesarias.

Los fondos en discusión corresponden a excedentes recaudados durante la operación de Devimed, concesión que durante décadas estuvo a cargo de la autopista Medellín-Bogotá y de otras carreteras del Oriente antioqueño. El contrato terminó el 31 de julio de 2026 y los recursos permanecen en una fiducia administrada bajo las condiciones establecidas por la ANI.

El senador Quintero advirtió sobre la necesidad de resolver el asunto antes del 31 de octubre. Según explicó, los conceptos jurídicos consultados indican que la posibilidad de utilizar el dinero bajo el esquema actual estaría condicionada por el proceso de reversión contractual, mediante el cual los bienes y la infraestructura concesionada pasan formalmente al Estado.

De acuerdo con el congresista, si no se concreta una solución dentro del plazo señalado, los recursos podrían trasladarse al Fondo de Inversión para la Paz (FIP). Este escenario genera preocupación entre las autoridades locales, debido a que los fondos de ese mecanismo tienen restricciones legales de inversión en municipios incluidos en las categorías PDET y Zomac, destinadas a territorios priorizados por el conflicto armado.

La preocupación radica en que varias de las obras reclamadas se encuentran en el Valle de San Nicolás, donde los municipios buscan mejorar la movilidad y reducir las dificultades de conexión entre sus sectores urbanos y rurales.

La relación de proyectos comprende ocho intervenciones, aunque algunos reportes han mencionado siete. Entre las principales figuran el intercambio vial de la Clínica Somer, en Rionegro, con un costo estimado de $46.000 millones, y el intercambio de Puerta de Embalses, en Marinilla, calculado en aproximadamente $44.400 millones.

También aparecen el acceso a desnivel de San Vicente Ferrer, en el sector El Crucero; los retornos de San José y La Mosquita; un paso peatonal en San Antonio de Pereira; el puente peatonal de El Cordobés, y las obras de mejoramiento en el sector La Cucharita, sobre la vía hacia La Ceja.

La ejecución de estas intervenciones busca atender necesidades de movilidad en una región que registra una importante conexión entre municipios y corredores de transporte.

El asunto también se encuentra en trámite judicial. En agosto, la Alcaldía de Rionegro presentó una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, con el respaldo de otros municipios, para buscar protección de los derechos colectivos relacionados con las obras reclamadas.

La magistrada encargada del caso concedió un plazo de 30 días para explorar una fórmula de conciliación entre las partes.

Sin embargo, testimonios de asistentes a una mesa técnica señalan que los comités de conciliación de la ANI y el Invías habrían decidido no llegar a un acuerdo. De confirmarse esa posición, el proceso continuaría ante el tribunal para que se adopten las decisiones correspondientes.

Hasta el cierre de la información disponible, el Ministerio de Transporte, la ANI y el Invías no habían divulgado un pronunciamiento oficial sobre esa decisión ni un acto administrativo que formalizara el uso de los recursos.

El siguiente paso dependerá de la revisión jurídica anunciada por el Gobierno y de las decisiones administrativas y judiciales que definan si los excedentes de peajes pueden destinarse a las obras previstas para el Oriente antioqueño.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Qué está en juego con los recursos de Devimed?

Se trata de más de 160.000 millones de pesos provenientes de excedentes de peajes en el Oriente antioqueño que deben ser destinados a ocho obras viales clave para la región.

¿Por qué el 31 de octubre es una fecha crítica?

Es el plazo máximo para definir una fórmula jurídica de ejecución; de lo contrario, los fondos podrían trasladarse al Fondo de Inversión para la Paz, donde tendrían restricciones de inversión en la zona.

¿Cuáles son las obras principales que se pretenden financiar?

Entre los proyectos destacan los intercambios viales de la Clínica Somer en Rionegro y de Puerta de Embalses en Marinilla, además de retornos y puentes peatonales en sectores estratégicos.