El Consejo de Política Criminal le da el visto bueno a Ley de sometimiento

El proyecto de ley que busca establecer nuevas reglas para el sometimiento de organizaciones armadas ilegales obtuvo un concepto favorable del Consejo Superior de Política Criminal, en una votación que terminó con 14 votos a favor y uno en contra. La única posición negativa correspondió al delegado del Pacto Histórico.

La decisión se conoció después de que las comisiones primeras conjuntas del Senado y la Cámara de Representantes aprobaran la iniciativa en primer debate, el pasado 21 de octubre. Aunque el concepto del Consejo no es vinculante, constituye un insumo técnico para la discusión legislativa sobre los cambios propuestos a la política criminal colombiana.

El organismo reúne a representantes de entidades como la Fiscalía General de la Nación, los ministerios de Justicia y del Interior, la Fuerza Pública, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y el Congreso, entre otras instituciones.

La propuesta fue presentada con mensaje de urgencia el 13 de octubre por los ministerios de Justicia y del Interior. Su propósito es modificar la Ley 418 de 1997, conocida como Ley de Orden Público, y derogar disposiciones que sirvieron de fundamento a la política de Paz Total de la administración anterior.

Dos etapas para el sometimiento

El articulado establece un procedimiento dividido en dos fases para las organizaciones que manifiesten su intención de someterse a la justicia.

En la primera etapa, que tendría una duración de hasta tres meses, prorrogables una vez, el grupo deberá expresar formalmente su voluntad de sometimiento por medio de un abogado externo, entregar un listado de sus integrantes y abandonar las armas.

Posteriormente, en la segunda fase, la Fiscalía y los jueces competentes deberán establecer las responsabilidades individuales de los integrantes de cada estructura, conforme a las pruebas y los procedimientos judiciales correspondientes.

La iniciativa contempla beneficios penales diferenciados. Los integrantes rasos podrían acceder a reducciones de hasta el 50 % de sus penas, mientras que para los cabecillas la rebaja máxima sería del 30 %, con una condena mínima de diez años.

También se plantea la posibilidad de obtener libertad condicional después de cumplir cuatro quintas partes de la condena. Ese periodo podría reducirse a dos quintas partes cuando el condenado contribuya a localizar personas desaparecidas o a esclarecer vínculos con hechos de corrupción o actores políticos.

El proyecto excluye de estos beneficios a quienes hayan sido procesados o condenados por reclutar menores de 14 años. Asimismo, establece que las órdenes de captura y las solicitudes de extradición permanecerían vigentes.

La Corte Suprema plantea condiciones

Antes de la votación en el Congreso, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia emitió un concepto en el que reconoció la legitimidad constitucional del propósito general de la iniciativa, pero advirtió que varias disposiciones requieren ajustes para ajustarse a la Constitución.

Uno de los principales cuestionamientos se refiere al Registro de Organizaciones Terroristas, cuya creación permitiría clasificar determinadas estructuras dentro de esa categoría.

Para el alto tribunal, la inclusión de una organización en ese registro administrativo no puede reemplazar la obligación de demostrar judicialmente los elementos que configuran el delito de terrorismo. En consecuencia, la clasificación de un grupo no podría utilizarse como prueba automática de responsabilidad penal en casos individuales.

La Corte también formuló reparos sobre el uso de documentos reservados e informes de inteligencia para justificar esas inclusiones, especialmente si no existen garantías suficientes para controvertir la información.

Otros puntos observados incluyen la congelación de bienes sin control judicial, las restricciones de movilidad impuestas a personas señaladas, las atribuciones del nuevo alto comisionado y las facultades extraordinarias previstas para el presidente de la República.

El alcance de estas observaciones será relevante durante la discusión de los siguientes debates, en los que el Congreso podrá examinar los ajustes sugeridos.

El plazo legislativo vence el 4 de noviembre

El proyecto continuará su trámite en las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes. La agenda legislativa tiene un plazo limitado, debido a que el 4 de noviembre vence la prórroga de la Ley 418, instrumento que otorga al Gobierno herramientas para gestionar asuntos relacionados con la convivencia y el orden público.

La proximidad de esa fecha obliga al Congreso a avanzar en la discusión y determinar si incorpora las observaciones de la Corte Suprema o conserva el texto aprobado en primer debate.

La decisión definirá las condiciones jurídicas bajo las cuales podrían desarrollarse futuros procesos de sometimiento de organizaciones armadas ilegales, así como los límites y controles aplicables a las autoridades encargadas de implementarlos.

Preguntas y respuestas de contexto

¿En qué consiste el nuevo modelo de sometimiento a la justicia?

Es un proyecto de ley del Gobierno de Abelardo de la Espriella que busca reemplazar la 'Paz Total' por un proceso de dos fases donde los grupos armados deben entregar armas y someterse a la justicia ordinaria.

¿Qué beneficios y restricciones penales contempla la propuesta?

Ofrece rebajas de pena de hasta el 50 % para integrantes rasos y del 30 % para cabecillas, pero excluye de cualquier beneficio a quienes hayan reclutado a menores de 14 años.

¿Cuáles son los principales obstáculos y plazos para su aprobación?

El Congreso debe aprobar la ley antes del 4 de noviembre y evaluar las advertencias de la Corte Suprema sobre el uso de informes de inteligencia y la clasificación administrativa de terroristas.