CTI allanó las oficinas de los directivos de la cárcel de La Dorada

La diligencia, revelada en exclusiva por Noticias RCN tuvo una particularidad: no se concentró en las celdas de los internos, sino en los espacios de quienes dirigen el establecimiento. De acuerdo con esos reportes, un grupo especializado del CTI realizó inspecciones en el penal durante la última semana.

En las oficinas se encontraron alrededor de 80 billetes de 100.000 pesos, que suman 8 millones de pesos. Los investigadores también se llevaron documentos, equipos electrónicos y cámaras de seguridad. Ese material será sometido a análisis para determinar el origen del efectivo y si guarda relación con posibles irregularidades administrativas o con hechos de corrupción.

Las fuentes coinciden en un punto clave: por ahora se trata de una etapa de recolección de elementos materiales probatorios. Ni la Fiscalía ni el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) han divulgado un pronunciamiento oficial ni han señalado responsabilidades individuales.

El caso tomó fuerza a partir de denuncias periodísticas sobre el trato que habría recibido en ese penal alias Pichi, señalado como cabecilla de una banda delincuencial de Bucaramanga y condenado a 52 años de prisión.

Según documentos conocidos el 25 de mayo de 2026 se autorizó el ingreso a la cárcel de una médica estética para una valoración clínica del recluso, con una lista de 39 elementos que incluía jeringas de ácido hialurónico, toxina botulínica y cánulas. Un documento posterior, de junio, registró la entrada de un médico cirujano y tres auxiliares de enfermería para brindar "atención dermatológica integral" al interno.

El 21 de octubre la propia cárcel confirmó el ingreso de personal médico y de material quirúrgico para procedimientos estéticos, en respuesta a un derecho de petición, es decir, una solicitud formal de información, presentada por el abogado del condenado. El mismo medio reportó que el CTI verificó cambios en la apariencia física del recluso.

El director, bajo la lupa

Los reportes de prensa indican que las autorizaciones de ingreso habrían sido firmadas por el director del establecimiento, el mayor Edgar Pérez. El oficial también enfrenta una actuación de la Procuraduría General de la Nación por la parranda vallenata realizada en la cárcel de Itagüí, que dirigió antes de llegar a La Dorada.

Sin embargo, ninguna autoridad ha establecido que el dinero hallado o los demás elementos incautados comprometan directamente al director ni a otros funcionarios. El mayor Pérez no ha sido capturado ni imputado en este caso y goza de la presunción de inocencia. Hasta el cierre de esta nota no se conocía su versión sobre los hechos.

¿Qué sigue en el proceso?

La Fiscalía deberá analizar los documentos, los equipos y las grabaciones para determinar si existió alguna conducta penal, como cohecho (recibir dinero o beneficios a cambio de favorecer a alguien) o abuso de funciones. Si encuentra elementos suficientes, podría solicitar ante un juez de control de garantías la imputación de cargos contra los posibles responsables.

En paralelo, el caso podría tener consecuencias disciplinarias. La Procuraduría tiene competencia para investigar a los servidores del Inpec por posibles faltas en el ejercicio de sus funciones, como autorizar ingresos irregulares a un centro de reclusión.

El episodio se suma a una serie de cuestionamientos recientes sobre el control dentro de las cárceles del país, como la fiesta en el penal de Itagüí, que ya llevó a la Procuraduría a formular cargos contra varios funcionarios del Inpec.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Qué ocurrió en la cárcel de La Dorada?

El CTI de la Fiscalía allanó las oficinas administrativas y alojamientos de los directivos del penal en el marco de una investigación por presunta corrupción.

¿Qué elementos fueron incautados durante el operativo?

Los investigadores hallaron 8 millones de pesos en efectivo, además de documentos, dispositivos electrónicos y grabaciones de cámaras de seguridad que serán analizados.

¿Cuál es el origen de esta investigación?

El caso cobró relevancia tras denuncias sobre el ingreso irregular de personal médico y materiales quirúrgicos para realizar procedimientos estéticos a alias 'Pichi', un cabecilla criminal recluido en dicho penal.