Procuraduría demandó contrato de $1,3 billones para pasaportes firmado por Cancillería y la Imprenta Nacional

La Procuraduría General de la Nación presentó una demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca contra el contrato estatal por 1,3 billones de pesos suscrito entre la Cancillería, la Imprenta Nacional de Colombia y la Casa de la Moneda de Portugal, para la elaboración de pasaportes y visas en el país.

El ente de control argumentó que el proceso vulnera los principios que rigen la contratación pública. De acuerdo con la entidad, el contrato presenta irregularidades relacionadas con la forma en que fue adjudicado.

Según el procurador delegado Marcio Melgosa, la Cancillería optó por la contratación directa con la Imprenta Nacional, sin adelantar un proceso de licitación pública, lo que constituye, según el análisis del órgano de control, una infracción al régimen de selección objetiva que exige competencia entre oferentes.

El documento presentado ante el Tribunal señala que la Imprenta Nacional no contaba con la capacidad técnica ni operativa suficiente para cumplir por sí sola con el alcance del contrato, razón por la cual suscribió un acuerdo con la Casa de la Moneda de Portugal. Este mecanismo, calificado por la Procuraduría como una forma de subcontratación, habría implicado que la mayor parte del objeto contractual se ejecutara a través de un tercero extranjero.

El Ministerio Público sostiene que, al amparo de un convenio interadministrativo, se habría utilizado una figura excepcional de contratación para designar indirectamente a un proveedor privado, eludiendo el proceso competitivo previsto por la ley.

“La razón para la suscripción de los convenios interadministrativos entre la Imprenta Nacional y el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores es, en realidad, la selección de un contratista para el suministro de insumos. Se evidencia una subcontratación de la totalidad del objeto para el cual fue contratada la Imprenta Nacional”, señala el texto de la demanda.

El órgano de control también advirtió que este tipo de convenios interadministrativos se encuentran limitados por la normativa vigente, y solo pueden aplicarse cuando las entidades estatales cuenten con la capacidad real para ejecutar directamente las actividades pactadas. En este caso, la intervención de un tercero internacional, la Casa de la Moneda de Portugal, sin mediar un proceso de licitación, habría generado una situación contraria al principio de transparencia en la contratación pública.

La demanda busca que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca evalúe la validez del contrato y determine si se configuró una vulneración a la normativa que regula la celebración de convenios interadministrativos y los procedimientos de selección objetiva.

El contrato cuestionado había sido anunciado por la Cancillería como parte del proceso de modernización y seguridad en la emisión de documentos de viaje. La Procuraduría, sin embargo, sostiene que la delegación total de las funciones a una entidad extranjera no está amparada por el marco legal que regula las relaciones contractuales del Estado colombiano.

El Tribunal tendrá que decidir en los próximos días si admite la demanda y, de ser así, iniciar el proceso de revisión judicial del contrato.