Procuraduría abre investigación disciplinaria contra tres exdirectivos de la Aerocivil por contrato de $36.300 millones para 18 aeropuertos

¿Quiénes son los investigados?

La actuación disciplinaria recae sobre José Henry Pinto Rodríguez, director general de la Aerocivil durante 2025; Luis Alfonso Martínez Chimenty, quien ocupó la dirección general entre 2025 y 2026, y Carlos Uriel Barragán Mina, secretario de Servicios a la Navegación Aérea entre 2023 y 2026.

Esta última dependencia es clave para el funcionamiento del espacio aéreo, pues tiene a su cargo los sistemas que permiten la comunicación entre controladores y pilotos. Precisamente sobre ese tipo de tecnología versa el contrato bajo revisión.

El contrato y las presuntas fallas

El objeto del contrato es la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de Sistemas de Comunicaciones de Voz (VCS, por su sigla en inglés) en 18 aeropuertos del país. Estos equipos integran las comunicaciones aeronáuticas por radio y telefonía que utilizan las torres de control y los centros de control de tránsito aéreo.

De acuerdo con la Procuraduría, se habrían presentado deficiencias y falta de gestión para autorizar los viajes al exterior del personal de la entidad que debía presenciar las pruebas técnicas en las instalaciones del fabricante extranjero, un paso previsto antes del despacho e instalación de los equipos en Colombia. Según la información conocida, esas verificaciones presenciales, al parecer, no se realizaron.

Para el órgano de control, esa situación podría comprometer el control de calidad de los equipos antes de su envío y afectar la capacitación del personal de la Aerocivil que el mismo contrato contemplaba. La investigación buscará establecer si hubo fallas administrativas que impidieron autorizar a tiempo los desplazamientos de los supervisores, si se cumplieron las actividades de inspección pactadas y qué responsabilidad correspondía a cada uno de los exfuncionarios.

Hasta el momento no se ha divulgado públicamente el nombre del contratista, la fecha de suscripción del contrato ni el listado de los 18 aeropuertos beneficiados.

¿Qué significa la investigación disciplinaria?

En el proceso disciplinario colombiano, la investigación es la etapa en la que la Procuraduría recauda pruebas para verificar si una conducta ocurrió, si constituye una falta y si el servidor público actuó con culpa o dolo. No equivale a una sanción ni a una declaración de responsabilidad.

Al concluir esta fase, el Ministerio Público puede archivar el expediente o formular pliego de cargos, que es la acusación formal en materia disciplinaria. Solo después de un juicio disciplinario, en el que los investigados pueden defenderse, podría imponerse una sanción como multa, suspensión o destitución con inhabilidad. Por ahora, los tres exdirectivos se presumen inocentes y no se conocen pronunciamientos de su parte ni de la Aerocivil.

La Procuraduría tampoco ha precisado si hubo un detrimento económico para el Estado, asunto que, de existir, correspondería examinar a la Contraloría General de la República en el marco de su control fiscal.

Una entidad bajo la lupa de los órganos de control

Este no es el único frente abierto en la Aerocivil. En julio de 2026, la Contraloría adelantó una inspección con funciones de Policía Judicial en las oficinas de la entidad dentro de procesos por presuntos hechos de corrupción. Ese mismo mes, la Procuraduría abrió una indagación previa por la contratación de la creadora de contenido Gabriela Muñoz Olaya, cuyo contrato habría pasado de cerca de $400 millones a unos $12.000 millones tras varias modificaciones, según reportes de prensa.

La Aerocivil es la autoridad encargada de regular la aviación civil y de prestar los servicios de navegación aérea en Colombia, por lo que la confiabilidad de sus sistemas de comunicación es considerada esencial para la seguridad de las operaciones en los aeropuertos.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Por qué la Procuraduría investiga a tres exdirectivos de la Aerocivil?

Se indaga si hubo fallas en la supervisión de un contrato de $36.300 millones para modernizar sistemas de comunicación en 18 aeropuertos, específicamente por no realizar pruebas técnicas presenciales en la fábrica extranjera.

¿Quiénes son los exfuncionarios involucrados en el proceso?

La investigación recae sobre los exdirectores generales José Henry Pinto Rodríguez y Luis Alfonso Martínez Chimenty, junto al exsecretario de Servicios a la Navegación Aérea Carlos Uriel Barragán Mina.

¿Qué consecuencias podría tener esta investigación disciplinaria?

El Ministerio Público busca determinar si hubo faltas administrativas y, tras recaudar pruebas, decidirá si archiva el caso o formula cargos que podrían derivar en multas, suspensiones o destituciones.