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El salario mínimo de 2027 entra en su fase decisiva de cara a la instalación de la mesa en noviembre

La Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales instalará formalmente la negociación del salario mínimo de 2027 a finales de noviembre, en un escenario marcado por el precedente del alza del 23% decretada para 2026, las advertencias del Banco de la República sobre la inflación y una revisión de legalidad en el Consejo de Estado.

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Redacción IFM
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El salario mínimo de 2027 entra en su fase decisiva de cara a la instalación de la mesa en noviembre

Un calendario con fechas límite

El proceso seguirá una ruta con hitos definidos. Hacia finales de noviembre se prevé la instalación formal de la mesa de concertación y la discusión de las estimaciones de productividad laboral. A comienzos de diciembre se presentará oficialmente el dato de inflación de noviembre, junto con las cifras de crecimiento, el panorama del mercado laboral y las expectativas macroeconómicas.

Si no se alcanza un acuerdo inicial, las partes deberán explicar las razones del desacuerdo antes del 15 de diciembre. En caso de que no haya consenso, el Gobierno quedará facultado para fijar el salario mínimo de 2027 por decreto, a más tardar el 30 de diciembre. Según los antecedentes del proceso, las entidades que suelen aportar insumos técnicos son el DANE, el Banco de la República, el Departamento Nacional de Planeación y los ministerios de Hacienda, Comercio y Trabajo.

La sombra del alza de 2026

El reajuste del 23% aplicado para 2026 se ha convertido en el principal punto de referencia de la discusión. Mauricio Villamizar, integrante de la Junta Directiva del Banco de la República, señaló que ese incremento representó uno de los obstáculos para llevar la inflación hacia la meta del 3%. El emisor ha insistido en que el ajuste se defina con parámetros técnicos que contribuyan a anclar los precios.

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El Consejo de Estado, por su parte, estudia si el decreto que fijó el aumento de 2026 se ajustó a la ley. De acuerdo con las fuentes consultadas, un eventual pronunciamiento no eliminaría los derechos ya adquiridos por quienes reciben ese salario, aunque sí sentaría un precedente para los ajustes futuros.

Las variables sobre la mesa

El Centro de Estudios Económicos ANIF ha planteado que la cifra final debe considerar el poder adquisitivo de los trabajadores, además de sus efectos sobre el mercado laboral, la inflación y las cuentas fiscales, dado el impacto que un incremento alto tiene en la nómina estatal y en el pago de pensiones. Algunos analistas apuntan a que la discusión podría ordenarse en torno a una base de inflación cercana al 7%, a la que se sumaría el porcentaje correspondiente a la productividad laboral, aunque el dato definitivo dependerá de las cifras oficiales y de las posturas de cada actor.

La ministra de Trabajo, Natalia López Fuentes, en representación del Gobierno de Abelardo De La Espriella, defendió un esquema de diálogo permanente y pidió que las decisiones cuenten con sustento técnico y jurídico. La posición de las centrales obreras, que tradicionalmente reclaman aumentos superiores a la suma de inflación y productividad, aún no se ha formalizado para esta vigencia.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Cuándo se definirá el aumento del salario mínimo para 2027?

La mesa de concertación se instalará a finales de noviembre y el plazo máximo para lograr un acuerdo es el 15 de diciembre. De no haber consenso, el Gobierno podrá fijar el incremento por decreto a más tardar el 30 de diciembre.

¿Qué factores influirán en la negociación de este año?

La discusión estará marcada por el dato de inflación, el crecimiento económico y la productividad laboral. También pesa el precedente del alza del 23 % de 2026, la cual es estudiada por el Consejo de Estado y ha sido señalada por el Banco de la República como un obstáculo para controlar los precios.

¿Quiénes participan en este proceso de concertación?

La mesa está integrada por el Gobierno Nacional, las centrales obreras y los gremios de empleadores. Además, entidades como el DANE, el Banco de la República y el Departamento Nacional de Planeación aportan los insumos técnicos necesarios para la deliberación.

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