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Petro anunció demanda para buscar la nulidad de la elección de Abelardo de la Espriella y solicitará la suspensión de su posesión

El presidente Gustavo Petro anunció que respaldará acciones judiciales encaminadas a solicitar la nulidad de la elección del presidente electo, Abelardo de la Espriella. La iniciativa, que sería presentada ante el Consejo de Estado, también buscaría una medida cautelar para suspender la ceremonia de posesión prevista para el próximo 7 de agosto, decisión que deberá ser evaluada por la autoridad judicial competente.

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Petro anunció demanda para buscar la nulidad de la elección de Abelardo de la Espriella y solicitará la suspensión de su posesión
Foto: Archivo

Una acción judicial que abre un nuevo capítulo político. La transición presidencial en Colombia sumó un nuevo episodio luego de que el presidente Gustavo Petro anunciara que impulsará acciones judiciales para cuestionar la elección de Abelardo de la Espriella como presidente de la República para el periodo 2026-2030.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario manifestó que la respuesta de los sectores progresistas frente al nuevo escenario político será acudir a los mecanismos judiciales y descartó cualquier llamado a la violencia.

“Ningún(a) progresista debe responder con violencia, en ninguna parte del país, solo pasamos a acciones judiciales que incluyen la nulidad de las elecciones. Y que tendrán su tiempo”, escribió Petro.

El pronunciamiento se conoció mientras distintos sectores informaban sobre la preparación de una demanda de nulidad electoral que sería radicada ante la Sección Quinta del Consejo de Estado.

La demanda buscaría suspender la posesión presidencial

De acuerdo con la información divulgada por los promotores de la iniciativa, la acción judicial no solo pretende que se revise la declaratoria de elección expedida por las autoridades electorales, sino que además solicitaría una medida cautelar para suspender la posesión presidencial programada para el próximo 7 de agosto.

La demanda sería liderada por el exmagistrado y exsuperintendente de Subsidio Familiar Luis Guillermo Pérez, quien promovió una plataforma digital para recopilar apoyos ciudadanos a la iniciativa judicial.

En caso de que el recurso sea radicado formalmente, corresponderá al Consejo de Estado determinar si admite la demanda para su estudio y, posteriormente, decidir si concede o no la medida cautelar solicitada. Hasta tanto no exista una decisión judicial, el cronograma constitucional para la transmisión del mando presidencial permanece vigente.

Los argumentos expuestos por los demandantes

Según el contenido divulgado por los promotores del recurso, la demanda estaría dirigida contra el acto de elección del presidente electo y también involucraría al Consejo Nacional Electoral y a la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Entre los argumentos planteados figuran afirmaciones relacionadas con declaraciones realizadas durante la campaña presidencial, la condición de doble nacionalidad atribuida a Abelardo de la Espriella y el respaldo público expresado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Estos elementos hacen parte de los fundamentos jurídicos que los demandantes esperan que sean analizados por la jurisdicción contencioso-administrativa. Será esa corporación la encargada de establecer si cumplen los requisitos legales para iniciar un proceso de nulidad electoral.

Petro anuncia nuevas acciones legales

Además de respaldar la demanda electoral, el presidente Gustavo Petro indicó que, una vez concluya su mandato, promoverá acciones judiciales de carácter civil frente a quienes, según manifestó, hayan incurrido en conductas de calumnia e injuria contra él, su familia o integrantes del movimiento progresista.

En otro de sus mensajes, el mandatario también hizo referencia a una etapa que denominó de “resistencia activa”, señalando que la ciudadanía tiene derecho a defender los derechos que considere adquiridos por vías legales y mediante la movilización.

Las declaraciones generaron reacciones en distintos sectores políticos, en medio del proceso de empalme entre el gobierno saliente y la administración entrante.

Por ahora, cualquier efecto jurídico de la iniciativa dependerá exclusivamente de las decisiones que adopte el Consejo de Estado una vez conozca formalmente la eventual demanda y evalúe tanto su admisión como la solicitud de medidas cautelares. Mientras ello ocurre, el proceso de transición presidencial continúa conforme al calendario institucional previsto por la Constitución.

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