Alfredo Acosta Zapata será el encargado de liquidar el Ministerio de Igualdad y Equidad

El proceso de liquidación del Ministerio de Igualdad y Equidad dio un nuevo paso con la expedición del Decreto 0684 del 1 de julio de 2026, mediante el cual el Gobierno Nacional designó oficialmente al funcionario que tendrá la responsabilidad de conducir el cierre administrativo, financiero y jurídico de esa entidad.

El acto administrativo, firmado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, en calidad de delegatario de funciones presidenciales, y por la directora del Departamento Administrativo de la Función Pública, Mariela del Socorro Barragán Beltrán, establece que Alfredo Acosta Zapata será el liquidador del Ministerio de Igualdad y Equidad en liquidación.

En su artículo primero, el decreto dispone de manera expresa: "Desígnese al señor ALFREDO ACOSTA ZAPATA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.653.172, como liquidador del Ministerio de Igualdad y Equidad en liquidación."

La decisión se produce pocos días después de que el Ejecutivo expidiera el Decreto 626 de 2026, mediante el cual se ordenó formalmente la liquidación del ministerio, una consecuencia directa de la sentencia C-161 de 2024 de la Corte Constitucional.

En los considerandos, el decreto recuerda que la Ley 2281 de 2023 creó el Ministerio de Igualdad y Equidad como organismo principal del sector central de la Rama Ejecutiva, encargado de dirigir las políticas públicas relacionadas con igualdad y equidad. Sin embargo, también señala que la Corte Constitucional declaró inexequible dicha norma por vicios en su trámite legislativo.

El documento explica que el alto tribunal decidió diferir los efectos de esa decisión durante dos legislaturas para evitar un vacío institucional y permitir que el Gobierno adoptara las medidas necesarias para garantizar la continuidad de los programas a cargo de la entidad. No obstante, una vez finalizado ese plazo, la ley dejó de producir efectos jurídicos.

El decreto también cita uno de los apartes de la sentencia de la Corte Constitucional, según el cual "declarar la inexequibilidad con efectos inmediatos de la Ley 2281 de 2023 implicaría la eliminación del sector administrativo de Igualdad y Equidad y, naturalmente, del ministerio que lo encabezaba", razón por la cual el tribunal optó por aplazar los efectos de su decisión.

Con base en ese antecedente jurídico, el Gobierno sostiene que correspondía iniciar formalmente el proceso de liquidación y proceder con el nombramiento del liquidador, conforme a las normas previstas en el Decreto Ley 254 de 2000, modificado por la Ley 1105 de 2006.

Además del nombramiento, el decreto fija las condiciones bajo las cuales ejercerá sus funciones el liquidador. En ese sentido, establece que "la liquidación será adelantada en los términos establecidos por el Decreto Ley 254 de 2000, modificado por la Ley 1105 de 2006 y el Decreto 626 de 2026."

Asimismo, determina que la remuneración del funcionario corresponderá a la prevista para el empleo de ministro, conforme a la Ley 4 de 1992 y al Decreto 312 de 2026.

Entre las responsabilidades asignadas al liquidador se encuentran todas las atribuciones previstas en la legislación vigente para este tipo de procesos, incluyendo la administración de los bienes, la culminación de los asuntos administrativos pendientes, el cierre de las obligaciones de la entidad y el cumplimiento de las disposiciones contempladas en el Decreto 626 de 2026 y demás normas concordantes.

El decreto también recuerda que los recursos para financiar el proceso de liquidación durante 2026 provendrán de los saldos disponibles del propio Ministerio de Igualdad y Equidad en liquidación. Para la vigencia de 2027, esos recursos deberán incorporarse nuevamente en el Presupuesto General de la Nación, al tiempo que la conservación y custodia del archivo institucional será asignada a la entidad que determine el Gobierno.

Finalmente, el artículo cuarto establece que "este decreto rige a partir de la fecha de su publicación", con lo cual el nombramiento de Alfredo Acosta Zapata entró en vigor desde el 1 de julio de 2026.