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Juzgado ordenó a la UNP restablecer esquema de seguridad de Abelardo De La Espriella

El Juzgado 58 Administrativo de Bogotá falló una acción de tutela a favor del precandidato presidencial Abelardo De La Espriella y ordenó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) restituir de inmediato las medidas de seguridad que habían sido retiradas en meses anteriores.

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Redacción IFM
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Juzgado ordenó a la UNP restablecer esquema de seguridad de Abelardo De La Espriella

El Juzgado 58 Administrativo de Bogotá falló una acción de tutela a favor del precandidato presidencial Abelardo De La Espriella y ordenó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) restituir de inmediato las medidas de seguridad que habían sido retiradas en meses anteriores.

La decisión ampara los derechos fundamentales a la vida, la integridad y la seguridad personal del abogado y líder del movimiento “Defensores de la Patria”.

El pronunciamiento judicial suspende la Resolución 5711 del 26 de julio de 2023, mediante la cual la UNP había dispuesto la reducción del esquema de protección de De La Espriella. Según lo expuesto en el fallo, la entidad deberá restablecer las medidas contempladas en la Resolución 515 del 1 de febrero de 2022, consistentes en cuatro hombres de protección y un chaleco blindado.

La acción de tutela fue presentada luego de que, el 23 de septiembre de 2025, la UNP retirara cuatro uniformados y dos motocicletas de escolta, lo que, según la defensa del precandidato, configuraba un riesgo inminente contra su seguridad. El juzgado concluyó que la disminución del esquema constituía una vulneración a los derechos fundamentales del accionante y debía corregirse de manera inmediata.

Entre los elementos aportados dentro del proceso se incluyeron comunicaciones oficiales que advertían sobre ofrecimientos de hasta ocho millones de dólares por atentar contra su vida, así como amenazas directas dirigidas a su esposa y familiares. También se resaltó el riesgo derivado de su condición de precandidato inscrito formalmente ante la Registraduría Nacional y el antecedente del asesinato del aspirante Miguel Uribe Turbay en junio de 2025.

La decisión judicial se fundamentó en que la condición de aspirante presidencial ubica a De La Espriella en un escenario de especial exposición, lo que obliga al Estado a garantizar un nivel de protección acorde con ese riesgo. El fallo destacó que cualquier reducción en las medidas oficiales de seguridad puede aumentar la posibilidad de que se materialicen amenazas en su contra.

En septiembre, la UNP había señalado públicamente que el esquema de seguridad del precandidato permanecía en condiciones robustas y sin modificaciones, desestimando las denuncias de debilitamiento hechas por su equipo jurídico. No obstante, el fallo del juzgado confirmó que sí se había producido una disminución, ordenando la restitución inmediata de las medidas.

El abogado Germán Calderón España, representante legal de De La Espriella, indicó que el siguiente paso será la solicitud de ampliar la protección a su núcleo familiar, dada la gravedad de los riesgos evidenciados.

Con esta decisión, la justicia ordena a la Unidad Nacional de Protección restablecer de manera plena el esquema de seguridad de Abelardo De La Espriella, en el marco de las garantías que deben otorgarse a quienes participan en la contienda electoral en Colombia.

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