Juez ordenó a Petro rectificar acusaciones contra fiscal Burgos en un plazo de 48 horas

El Juzgado 54 Administrativo de Bogotá ordenó al presidente Gustavo Petro retractarse de varias declaraciones hechas contra el fiscal Mario Andrés Burgos, funcionario que estuvo a cargo de la investigación contra Nicolás Petro.

El fallo, en respuesta a una acción de tutela presentada por Burgos, le otorga al mandatario un plazo de 48 horas para rectificar públicamente sus afirmaciones.

La decisión judicial establece que las manifestaciones del Presidente vulneraron los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre del fiscal. Según el despacho, la libertad de expresión tiene límites cuando afecta la presunción de inocencia y la reputación de terceros.

El proceso revisó en detalle las intervenciones del presidente Petro en distintos escenarios. Entre ellas, las expresiones emitidas durante un Consejo de Ministros el pasado 4 de febrero de 2025, cuando cuestionó la asignación del caso del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. En esa oportunidad, el jefe de Estado preguntó: “¿Por qué la muerte del fiscal Pecci quedó en manos del fiscal Burgos, y el fiscal Burgos sacó al asesino del proceso?”.

El fallo también incluyó otras declaraciones del mandatario, en las que afirmó: “Un señor de la Fiscalía, jefe del CTI, traqueteando para Europa toneladas de cocaína (…). ¿Quién lo puso ahí? El mismo que puso a Burgos. Es la misma banda”. Estas afirmaciones fueron consideradas lesivas para la reputación del funcionario judicial.

La orden del juez establece que el presidente Petro deberá publicar la rectificación en la red social X y en los demás escenarios donde realizó las acusaciones, aclarando expresamente que no existe sentencia judicial contra Burgos ni pruebas que lo relacionen con organizaciones criminales.

De esta manera, el fallo se suma a los antecedentes de confrontación entre el mandatario y funcionarios del ente acusador. En este caso, la tutela determinó que las afirmaciones del presidente excedieron el derecho a la libre expresión y comprometieron garantías constitucionales de un funcionario de la justicia.