JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 11 exintegrantes de la Fuerza Pública por 32 masacres en Montes de María

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a once comparecientes, antiguos integrantes de la Armada Nacional y la Policía Nacional, señalándolos como máximos responsables por su participación en 32 masacres y diversas conductas criminales perpetradas contra la población civil en la subregión de los Montes de María.

De acuerdo con el auto de la JEP, estos hechos no fueron episodios aislados de violencia, sino que se ejecutaron bajo un patrón sistemático derivado de un alineamiento estratégico entre estructuras paramilitares, miembros de la Fuerza Pública y otros actores regionales.

La investigación determinó que este entramado criminal permitió la comisión de 284 asesinatos en el transcurso de las 32 masacres documentadas, además de 107 casos de violencias basadas en género, violencia sexual y agresiones directas contra mujeres y niñas.

La decisión de la Sala se enmarcó específicamente en el Subcaso Montes de María y municipios cercanos, perteneciente al Caso 08, el cual investiga los crímenes cometidos por la Fuerza Pública en asociación con grupos paramilitares o terceros civiles. La investigación priorizó los hechos ocurridos entre los años 1999 y 2001, periodo en el cual la violencia en esta zona de la Costa Caribe colombiana alcanzó niveles críticos.

La JEP estableció que el alineamiento estratégico se manifestó mediante acuerdos concretos, prácticas de coordinación operativa, distribución de funciones e intercambio de información de inteligencia, asimismo, se evidenció la facilitación de desplazamientos para los grupos paramilitares, omisiones deliberadas en el deber de protección, tolerancia operacional y actuaciones directas para favorecer, ejecutar o encubrir los crímenes. Según el tribunal, para que esta configuración criminal operara, no fue necesaria una organización única o un mando común, sino una convergencia de intereses para atacar a la población civil.

Uno de los hallazgos más dolorosos de la investigación es la sistemática estigmatización de la población campesina. Los habitantes de los Montes de María fueron señalados reiteradamente como supuestos colaboradores de las extintas Farc-EP, una etiqueta que convirtió los liderazgos sociales, las actividades productivas y los vínculos familiares en criterios de sospecha, justificando ante los victimarios la selección de las personas que debían ser eliminadas o desplazadas.

La violencia no se limitó a los homicidios; la Sala determinó que se cometieron desapariciones forzadas, torturas, amenazas y restricciones graves a la libertad. El objetivo final, según la JEP, era el terror colectivo y el vaciamiento territorial, destruyendo las condiciones materiales y comunitarias de existencia de los campesinos. Los daños identificados por el tribunal incluyen afectaciones morales, físicas, psíquicas, políticas y socioculturales, así como un impacto profundo en los ecosistemas y la cultura de la región.

El balance de la Sala de Reconocimiento arrojó cifras sobre la magnitud de la victimización. De las 284 personas asesinadas, 169 perdieron la vida en cuatro masacres denominadas como "ilustrativas" por su nivel de sevicia y representatividad del patrón criminal, mientras que 115 víctimas corresponden a las otras 28 masacres determinadas por la Sala.

En cuanto a la violencia de género, la JEP fue enfática en señalar que estas prácticas no fueron marginales. En 15 de las 32 masacres se documentaron 107 víctimas de violencias basadas en género. Específicamente, en los hechos de Capaca, El Salado y Chengue, se identificaron 73 víctimas de diversas formas de violencia sexual y de género, utilizadas para castigar, humillar y someter a las comunidades bajo una lógica de persecución por razón de género.

Hasta la fecha, la JEP ha acreditado a 1.219 víctimas en este subcaso: 1.191 son víctimas individuales y 25 son colectivas. Además, se ha reconocido a los territorios de Montes de María y el Canal del Dique como sujetos de derechos, junto con una Mesa de Participación de Víctimas que representa a aquellas personas que aún no han sido plenamente determinadas.

Para profundizar en la responsabilidad de los once uniformados imputados, la Sala analizó cuatro hechos ilustrativos que muestran cómo las localidades afectadas terminaron convertidas en pueblos fantasma debido al desplazamiento forzado masivo. entre estos casos se destacó la masacre ocurrida en Capaca, El Bongal y Campo Alegre los días 16 y 17 de agosto de 1999, la cual dejó un saldo de trece personas asesinadas, una desaparecida y múltiples actos de violencia sexual.

Vale recordar que la decisión de la Sala es el resultado de un riguroso proceso de contrastación que incluyó versiones voluntarias de los comparecientes, informes de organizaciones de víctimas, declaraciones recibidas directamente por los magistrados y el análisis de expedientes de la justicia ordinaria, la justicia penal militar y el proceso de Justicia y Paz.

Preguntas y respuestas de contexto

¿A quiénes imputó la JEP y por qué delitos?

La JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 11 exintegrantes de la Armada y la Policía Nacional por su responsabilidad en 32 masacres ocurridas en los Montes de María.

¿Qué reveló la investigación sobre el actuar de la Fuerza Pública?

Se determinó un alineamiento estratégico con grupos paramilitares entre 1999 y 2001, que incluyó coordinación operativa, intercambio de inteligencia y omisiones deliberadas para facilitar ataques contra civiles.

¿Cuál es el balance de víctimas de estos hechos?

Las masacres dejaron 284 personas asesinadas y 107 víctimas de violencia de género y sexual, afectando principalmente a campesinos estigmatizados como colaboradores de las antiguas Farc.