La escalada de ataques con drones en Colombia: Un desafío sin precedentes para la seguridad nacional

La realidad del conflicto armado en Colombia ha dado un giro tecnológico drástico en los últimos años, trasladando la confrontación a un terreno que, hasta hace poco, era dominio exclusivo de las instituciones oficiales: el espacio aéreo. Según los registros más recientes de la Fuerza Pública, el país enfrenta una crisis de seguridad marcada por la proliferación de aeronaves no tripuladas utilizadas con fines ofensivos.

Entre el año 2023 y el 1 de octubre de 2026, se han contabilizado un total de 716 ataques con drones, una cifra que evidencia la rapidez con la que los grupos al margen de la ley han adoptado y perfeccionado esta tecnología.

El panorama durante el presente año es particularmente alarmante. La Fundación Ideas para La Paz habla de una cifra total mencionada, 318 incidentes han ocurrido en lo que va de 2026, lo que arroja una estadística preocupante: en Colombia se registra, en promedio, un ataque con drones cada 20 horas.

Esta frecuencia equivale a unos 8,2 eventos semanales, alcanzando su punto más crítico durante el mes de agosto, cuando se reportaron 56 ataques. Esta tendencia no solo demuestra una mayor disponibilidad de equipos, sino también una capacidad operativa instalada que el Estado colombiano no ha logrado contrarrestar de manera definitiva.

El impacto en la infraestructura estratégica y la fuerza pública

Los episodios recientes ilustran la gravedad de la amenaza. Hace pocas semanas, el Bloque Occidental Jacobo Arenas, perteneciente a la disidencia del Estado Mayor Central (EMC) bajo la coordinación de ‘Iván Mordisco’, ejecutó una operación contra el radar aeronáutico 3D ubicado en Candelaria, Valle del Cauca.

En este ataque se emplearon tres drones kamikaze que impactaron directamente contra el equipo, el cual forma parte de un ambicioso proyecto estatal valorado en más de 370.000 millones de pesos, diseñado precisamente para fortalecer la seguridad y cobertura aérea nacional.

Este suceso no es un hecho aislado. El pasado 5 de octubre de 2026, en el municipio de Aguachica, Cesar, se registró otro ataque dirigido contra una estación de la Policía Nacional utilizando artefactos similares. Estos eventos confirman que los grupos armados han pasado de usar drones para labores de vigilancia básica a emplearlos como armas de precisión contra objetivos de alto valor estratégico y humano, desafiando la hegemonía que las Fuerzas Militares mantuvieron en el aire durante décadas.

Distribución geográfica y actores responsables

La ofensiva tecnológica no se distribuye de manera uniforme en el territorio nacional, sino que se concentra en zonas donde el control territorial está en disputa. El 71% de los ataques se localizan en cuatro departamentos específicos: Cauca, Chocó, Valle del Cauca y Norte de Santander. Estas regiones, históricamente afectadas por el conflicto, se han convertido en el laboratorio de pruebas para estas nuevas tácticas de guerra asimétrica.

En cuanto a la autoría de estas acciones, los datos de inteligencia son contundentes. El 95% de los ataques con drones se atribuye a dos organizaciones principales. El Estado Mayor Central (EMC) lidera esta estadística con el 72% de los casos, seguido por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), responsable del 23% restante. La Fundación Ideas para la Paz (FIP) ha señalado que esta capacidad técnica ha permitido a estas organizaciones equiparar fuerzas en ciertos escenarios tácticos, utilizando tecnología comercial de bajo costo para generar daños de gran magnitud.

Evolución histórica de la amenaza aérea

Aunque el auge es actual, el interés de las organizaciones ilegales por esta tecnología se remonta a más de una década. Desde el año 2009, se tuvo conocimiento de que las antiguas FARC, a través de Hernán Darío Velásquez, conocido como ‘El Paisa’, buscaban adquirir drones para sus operaciones. Sin embargo, el primer ataque documentado con explosivos mediante el uso de estos dispositivos no ocurrió sino hasta julio de 2023 en Puerto Guzmán, Putumayo, bajo las órdenes de los denominados Comandos de la Frontera.

A partir de ese momento, la curva de crecimiento ha sido exponencial. En 2024 se registraron 119 ataques, cifra que se elevó a 277 en 2025. El inicio de 2026 marcó un hito táctico cuando el frente Carlos Patiño del EMC introdujo formalmente la modalidad de drones kamikaze en el municipio de Patía, Cauca, atacando directamente a unidades de la Fuerza Pública. Esta evolución demuestra una transición desde el reconocimiento básico hasta el bombardeo táctico y el ataque suicida de precisión.

Limitaciones de la respuesta estatal y ventajas criminales

El Ministerio de Defensa ha intentado mitigar este fenómeno con resultados mixtos. Durante el año 2025, se detectaron aproximadamente 9.000 intentos de ataque, de los cuales se logró inhibir cerca del 96%. A pesar de este alto porcentaje de efectividad en la neutralización, el 4% de ataques que logran vulnerar las defensas es suficiente para causar estragos significativos.

Además, los grupos armados están adaptando su tecnología para evadir las contramedidas electrónicas. Actualmente, ya se emplean drones controlados mediante fibra óptica, los cuales transmiten la señal a través de un cable físico, lo que los hace inmunes a los inhibidores de frecuencia convencionales y virtualmente indetectables para los sistemas de defensa electrónica actuales.

La ventaja estratégica que los drones otorgan a los grupos ilegales es comparable a la que obtuvo el Estado colombiano hace 25 años con la incorporación de helicópteros y aviones de combate, que en su momento brindaron movilidad y poder de fuego superior. Para las organizaciones criminales, los drones representan una inversión mínima con beneficios máximos: permiten la vigilancia constante de tropas oficiales y población civil, aseguran el perímetro de sus campamentos sin arriesgar personal y facilitan ataques a bajo costo contra militares o grupos rivales. Además, el entrenamiento de un operador de drones, o "dronero", es significativamente más rápido y económico que la instrucción militar de un combatiente tradicional, lo que acelera la capacidad de reposición de estas unidades tácticas en el campo de batalla.

Ante este escenario, la seguridad nacional enfrenta el reto de actualizar no solo su tecnología de interceptación, sino también su marco normativo y operativo para recuperar el control del espacio aéreo y proteger la infraestructura crítica del país frente a una amenaza que se renueva cada 20 horas.