JEP imputa crímenes de guerra y de lesa humanidad a 11 excomandantes de las FARC por violencia sexual

¿Quiénes son los imputados?

Según la información divulgada, los señalados pertenecieron a cinco estructuras de la antigua guerrilla: los bloques Sur, Oriental, Noroccidental y Occidental, y el Comando Conjunto Central. Entre ellos figuran Fabián Ramírez Cabrera, conocido como Fabián Ramírez; Luis Eduardo Rayo, alias Marlon; Floresmiro Burbano (Martín Corena); Élmer Caviedes (Albeiro Córdoba); Bertulfo Caicedo Garzón (Alberto Pitufo); Jaime Vásquez Calderón (Arquímedes); Luis Óscar Úsuga Restrepo (Isaías Trujillo); Ovidio Antonio Mesa Ospina (Anderson o Carranza); Gustavo Bocanegra Ortegón (Donald); Jair Enrique Acosta Cuantindioy (Javier Guzmán o Chugo), y Reinel Natalio García Mojica (Ricardo el Pija).

De acuerdo con la JEP, ninguno de ellos había estado privado de la libertad por estos crímenes. La Sala también concluyó que algunos no previnieron, investigaron ni sancionaron las conductas de sus subordinados, mientras que otros habrían participado directamente. La mayoría de los autores materiales murió durante la guerra.

Los delitos atribuidos

La imputación incluye crímenes de guerra como violación, violencia sexual, esclavitud sexual, homicidio, tortura, tratos crueles y desplazamiento forzado de civiles. También comprende crímenes de lesa humanidad, es decir, ataques graves y sistemáticos o generalizados contra la población civil, entre ellos persecución, asesinato, tortura y traslado forzoso de población. Por su gravedad, estos delitos no pueden ser objeto de amnistía ni de indulto.

La JEP identificó dos patrones: la violencia sexual contra niñas, adolescentes y mujeres por el hecho de ser mujeres, y la violencia por prejuicio contra personas LGBTIQ+.

Las víctimas detrás del caso

La decisión se construyó con los testimonios de 743 víctimas acreditadas, de las cuales 573 son mujeres (18 de ellas trans) y 81 son hombres (6 de ellos trans). Del total, 272 eran niñas o niños cuando ocurrieron los hechos. La Sala analizó además 80 informes de organizaciones de víctimas y de la sociedad civil, y versiones de 54 comparecientes.

Entre los hechos documentados aparecen agresiones ocurridas entre 1994 y 2009 en Meta, Cauca, Putumayo, Tolima y Arauca. Uno de ellos es el de una niña de 12 años que fue llevada de El Tambo (Cauca) y retenida durante cuatro años en un campamento. Otro es el de varias mujeres expulsadas de Arauca por su orientación sexual. El caso fue abierto en agosto de 2023, a solicitud de las propias víctimas y de sus organizaciones.

Según cifras citadas en el proceso, de 2.222 investigaciones por violencia sexual atribuidas a las FARC en la justicia ordinaria, el 91 % nunca llegó a juicio.

¿Qué sigue en el proceso?

Los 11 excomandantes tienen 20 días hábiles para informar por escrito si reconocen o niegan los hechos y su responsabilidad. Las víctimas y el Ministerio Público disponen de 85 días hábiles para presentar observaciones.

Si los imputados reconocen su responsabilidad y aportan verdad plena, la JEP convocará una audiencia pública de reconocimiento preparada con las víctimas y podrá imponer sanciones propias, de carácter restaurativo, que implican restricciones efectivas de la libertad pero no cárcel. Si la rechazan, el expediente pasará a la Unidad de Investigación y Acusación, que podrá llevarlos a un juicio adversarial con posibles penas de prisión de hasta 20 años.

Hasta el cierre de esta edición no se conocía un pronunciamiento de los imputados ni del partido Comunes. Por ahora se trata de una imputación: no hay condena, y los comparecientes conservan la presunción de inocencia mientras no exista una decisión definitiva.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Quiénes son los excomandantes de las FARC imputados por la JEP?

La JEP imputó a 11 antiguos mandos de cinco bloques de la guerrilla, entre ellos Fabián Ramírez, alias 'Marlon', 'Martín Corena' e 'Isaías Trujillo', por crímenes de guerra y lesa humanidad.

¿De qué delitos específicos se les acusa?

Se les señala por violación, esclavitud sexual, tortura, homicidio y persecución contra la población civil, incluyendo patrones de violencia contra mujeres y personas LGBTIQ+ ocurridos entre 1994 y 2009.

¿Qué sigue ahora para los exguerrilleros en este proceso?

Tienen 20 días hábiles para aceptar o rechazar los cargos; si reconocen su responsabilidad y aportan verdad, recibirán sanciones restaurativas, pero si los niegan, podrían enfrentar juicios con penas de hasta 20 años de cárcel.