La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió la primera sanción alternativa contra un oficial del Ejército Nacional dentro del Macrocaso 03, relacionado con las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate, conocidas como “falsos positivos”.

La decisión fue contra el teniente coronel retirado Germán Alberto León Durán, quien fue hallado responsable de una serie de crímenes perpetrados entre diciembre de 2005 y noviembre de 2006 por integrantes del Batallón de Infantería Ramón Nonato Pérez No. 44, adscrito a la Brigada XVI del Ejército.

Según la magistratura, durante ese periodo se desarrolló un patrón sistemático de asesinatos y desapariciones forzadas de civiles en zonas del norte de Casanare y el suroriente de Boyacá. 

Las víctimas fueron reclutadas mediante engaños, trasladadas a la jurisdicción de la unidad militar y posteriormente ejecutadas para ser reportadas falsamente como bajas en combate.

La JEP estableció que al menos 31 personas fueron víctimas de estos hechos, considerados crímenes de lesa humanidad por asesinato y desaparición forzada, así como crímenes de guerra por homicidio en persona protegida.

El proceso se originó en el Subcaso Casanare del Macrocaso 03, en julio de 2022, la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad imputó a León Durán como máximo responsable de los hechos y lo señaló como autor mediato de los crímenes investigados.

Pero en una primera etapa, el oficial rechazó su responsabilidad; sin embargo, en marzo del año pasado, manifestó su voluntad de reconocer los hechos antes de que se presentara una acusación formal en su contra.

Posteriormente, tras una acción de tutela favorable, el caso fue remitido a la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, donde se informó desde la JEP que se tramitó bajo la modalidad de reconocimiento tardío, mecanismo que permite acceder a sanciones alternativas contempladas por la justicia transicional.

En este sentido, se comunicó que los días 18 y 19 de marzo se realizó una audiencia restaurativa en Yopal, Casanare, con la participación de más de cincuenta víctimas acreditadas y sus familiares.

Durante la diligencia, León Durán reconoció públicamente su responsabilidad en los crímenes y admitió que las órdenes de operaciones firmadas por él facilitaron la ejecución de los hechos. También aceptó haber omitido controles que estaban bajo su responsabilidad y reconoció que priorizó su carrera militar por encima de la protección de la población civil.

Asimismo, aceptó la existencia de prácticas de estigmatización de las víctimas, la fabricación de antecedentes falsos y el uso de menores de edad para atraer personas que posteriormente fueron asesinadas.

El compareciente como se informó, asumió compromisos orientados a la reparación, entre ellos contribuir a la búsqueda de personas desaparecidas, participar en actos de dignificación de las víctimas, entregar documentación operacional y promover procesos de formación en ética y derechos humanos.

Por lo cual, la Subsección Tercera de la Sección de Ausencia de Reconocimiento condenó al oficial retirado a 69 meses y un día de prisión efectiva, equivalentes a cinco años, nueve meses y un día.

La sentencia lo declaró responsable como autor mediato de 31 asesinatos y desapariciones forzadas, además de una tentativa de homicidio en persona protegida.

La JEP explicó que esta sanción constituye un beneficio dentro del sistema de justicia transicional, debido a que delitos de esta gravedad podrían derivar en condenas superiores a los 20 años de prisión en la justicia ordinaria. No obstante, el beneficio quedó condicionado al cumplimiento de compromisos relacionados con la verdad, la reparación de las víctimas y las garantías de no repetición.

La magistratura destacó además que la desaparición forzada mantiene un carácter permanente mientras no se conozca el paradero de las víctimas, por lo que León Durán deberá continuar aportando información para contribuir a su búsqueda.

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