Procuraduría abrió proceso disciplinario contra Carlos Amaya por presunta intervención en la campaña presidencial
La Procuraduría General de la Nación inició una investigación disciplinaria contra el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, para establecer si durante el desarrollo de la campaña presidencial de 2026 habría incurrido en una presunta participación indebida en política mediante el uso de actividades institucionales, recursos públicos y canales oficiales de comunicación de la administración departamental.
La actuación fue adoptada tras una denuncia presentada ante el organismo de control y se suma a las acciones de vigilancia que adelantan las autoridades en medio del proceso electoral. La decisión de la Procuraduría se originó en una queja radicada por Pablo Bustos Sánchez, quien solicitó investigar posibles actuaciones del mandatario departamental durante la primera y segunda vuelta presidencial.
Según la denuncia, varias actividades desarrolladas por la Gobernación de Boyacá habrían coincidido con el periodo de campaña y habrían sido divulgadas a través de los canales institucionales de la entidad. De acuerdo con la información contenida en el expediente disciplinario, la Procuraduría analizará si eventos relacionados con anuncios de inversiones, entregas de recursos públicos, suscripción de compromisos institucionales y participación del gobernador en actos masivos pudieron haber sido utilizados para intervenir de manera directa o indirecta en la contienda electoral.
El organismo de control también busca determinar si existió una utilización indebida de la investidura del cargo, de recursos estatales o de la estructura de comunicaciones oficiales del departamento. Dentro de las actuaciones que serán objeto de revisión aparecen publicaciones realizadas en redes sociales y en plataformas institucionales de la Gobernación de Boyacá, así como actividades desarrolladas en distintos municipios del departamento. La investigación pretende establecer si dichas acciones guardaron relación con alguna candidatura presidencial durante el desarrollo de la campaña electoral.
Aunque la denuncia hace referencia a una presunta participación en favor de la candidatura presidencial de Iván Cepeda, el auto de apertura de la investigación se refiere de manera general a una posible incidencia en favor de un candidato presidencial. Será durante el desarrollo del proceso cuando la Procuraduría recopile pruebas y determine el alcance de los hechos denunciados.
La Red de Veedurías de Colombia también solicitó la suspensión provisional del gobernador mientras avanzaba la segunda vuelta presidencial. Según la organización, existía la posibilidad de que las conductas denunciadas continuaran y pudieran afectar la obtención de material probatorio. Entre los elementos citados por los denunciantes aparecen publicaciones institucionales, actividades oficiales de entrega de recursos y declaraciones públicas realizadas durante la campaña.
El expediente quedó bajo conocimiento del procurador delegado Iván Smith Panesso, quien tendrá a cargo la práctica de pruebas y la evaluación de los elementos recaudados durante la investigación. La Procuraduría deberá determinar si las conductas atribuidas al mandatario constituyen una falta disciplinaria relacionada con el ejercicio de sus funciones y el uso de recursos públicos en el contexto electoral.
Tras conocerse la apertura de la investigación, Amaya rechazó los señalamientos y sostuvo que no ha ejercido presiones sobre alcaldes, funcionarios ni contratistas para orientar preferencias electorales. El gobernador manifestó que durante su administración ha concentrado su gestión en la ejecución del Plan Departamental de Desarrollo y en los recorridos por los municipios del departamento.
El mandatario también señaló que sus intervenciones públicas han estado enfocadas en promover el respeto por las diferencias políticas, el voto libre y la convivencia democrática. Según indicó, durante los dos años y medio de su administración ha realizado cerca de 500 visitas a municipios y ha estado presente en la totalidad de los pueblos de Boyacá como parte de sus funciones de gobierno.


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