Gustavo Petro rechazó cuestionamientos sobre su intimidad en medio de denuncia por presunto uso de recursos públicos

El expresidente Gustavo Petro se pronunció frente a las recientes acusaciones divulgadas por Deicy Jiménez, quien aseguró, en una entrevista con la revista SEMANA, haber mantenido una relación íntima con él y señaló la presunta existencia de una red de mujeres vinculadas a contratos estatales. El caso también motivó una solicitud de investigación ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

En su comunicado, Petro cuestionó lo que considera una intromisión en su intimidad y afirmó que los señalamientos buscan indagar sobre su vida sexual después de que, según su versión, no se demostraran acusaciones relacionadas con corrupción o narcotráfico. El exmandatario defendió su posición frente a los cuestionamientos y rechazó que su vida privada sea objeto de una exposición pública en los términos planteados.

El pronunciamiento se conoció en medio de la controversia generada por las declaraciones de Jiménez, quien atribuyó al exmandatario conductas que, de comprobarse, podrían tener implicaciones más allá del ámbito personal, particularmente si se establece alguna relación entre los encuentros que describió y la asignación de contratos financiados con recursos públicos.

El Instituto Anticorrupción presentó una denuncia ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para solicitar que se examinen los hechos mencionados en las declaraciones de Jiménez.

La petición busca establecer si existió utilización de recursos públicos para fines particulares y si se presentaron irregularidades en procesos de contratación estatal. Según la información conocida, la organización tuvo conocimiento de los señalamientos a través de publicaciones periodísticas y solicitó que las autoridades competentes determinen qué ocurrió y quiénes pudieron intervenir.

La solicitud se fundamenta en las afirmaciones de Jiménez sobre supuestos vínculos entre contratos públicos y encuentros de carácter sexual con Petro. Sin embargo, la presentación de una denuncia no constituye, por sí misma, una demostración de responsabilidad penal o administrativa.

Por esa razón, el alcance de las eventuales investigaciones dependerá de la verificación de los documentos contractuales, los testimonios y los demás elementos probatorios que puedan recaudar las autoridades.

Otro de los aspectos que ha cobrado relevancia es la trayectoria contractual de Jiménez con entidades públicas. De acuerdo con los datos citados del Portal Anticorrupción de Colombia, administrado por la Secretaría de Transparencia, la mujer habría suscrito diez contratos con organismos estatales entre 2021 y 2026.

La información suministrada distribuye esos vínculos de la siguiente manera: siete contratos con entidades relacionadas con el Congreso de la República, dos con el Ministerio del Interior y uno con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

Uno de los contratos reportados permanece vigente. Fue suscrito con el Ministerio del Interior el 21 de enero de 2026, por un valor de 30.457.000 pesos, con un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre del mismo año.

Estos registros permiten identificar relaciones contractuales con el Estado, pero no demuestran por sí solos que los contratos hayan sido otorgados de manera irregular ni que estuvieran relacionados con los hechos denunciados. Para establecerlo, sería necesario examinar las condiciones de selección, las obligaciones pactadas, los productos entregados y las circunstancias en las que se celebraron los acuerdos.

La revisión de estos documentos constituye uno de los elementos relevantes para determinar si existe alguna conexión verificable entre las acusaciones y el manejo de los recursos públicos.

En la entrevista publicada por SEMANA, Jiménez afirmó que habría existido una red integrada por entre 30 y 40 mujeres que, según su relato, mantenían vínculos con Petro y obtenían contratos estatales. También aseguró que durante el periodo en el que el exmandatario era senador habría transportado droga por solicitud suya.

La mujer sostuvo que sus declaraciones estaban acompañadas de material que, a su juicio, respaldaría parte de sus afirmaciones. No obstante, la autenticidad, el contexto y el alcance probatorio de esos elementos deben ser establecidos por las autoridades correspondientes.

Hasta el momento, las acusaciones divulgadas públicamente deben entenderse como afirmaciones atribuidas a Jiménez, no como hechos judicialmente acreditados. La eventual existencia de contratos y las circunstancias de su celebración requieren una evaluación independiente de las declaraciones personales.

El caso plantea dos asuntos que deben examinarse por separado: el respeto por la intimidad personal y la necesidad de esclarecer posibles conductas que involucren el ejercicio de funciones públicas o el uso de recursos estatales.

La controversia sobre la vida privada no reemplaza la obligación de verificar eventuales irregularidades administrativas o penales. Del mismo modo, la existencia de contratos públicos no permite concluir automáticamente que hubo abuso de poder, corrupción o intercambio de beneficios personales.

La Comisión de Investigación y Acusación deberá determinar el alcance de la solicitud recibida y las actuaciones que correspondan dentro de sus competencias. Otras autoridades podrían intervenir si los hechos examinados entran en sus respectivas atribuciones.

Por ahora, el desarrollo del caso dependerá de la verificación de los testimonios, los registros contractuales y las pruebas disponibles. Mientras Petro rechaza los cuestionamientos sobre su intimidad, la solicitud del Instituto Anticorrupción busca que se esclarezca si los señalamientos tienen fundamento en posibles irregularidades relacionadas con la contratación estatal.

Preguntas y respuestas de contexto

¿De qué se le acusa a Gustavo Petro tras las declaraciones de Deicy Jiménez?

Se le señala de presuntamente liderar una red de mujeres que obtenían contratos estatales a cambio de relaciones íntimas, además de supuestos vínculos con el transporte de sustancias ilícitas.

¿Cuál ha sido la respuesta del exmandatario ante estos señalamientos?

Petro rechazó las acusaciones calificándolas como una intromisión en su vida privada y afirmó que los cuestionamientos sobre su intimidad surgen al no haberse demostrado cargos de corrupción o narcotráfico.

¿Qué medidas han tomado las organizaciones civiles frente a este caso?

El Instituto Anticorrupción presentó una denuncia ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara para determinar si hubo uso indebido de recursos públicos o irregularidades en la contratación estatal.