Fiscalía inicia investigación formal por presuntas irregularidades contractuales en el Dapre

La Fiscalía General de la Nación ha formalizado la apertura de una noticia criminal con el objetivo de establecer la veracidad de las denuncias sobre posibles irregularidades en los procesos de contratación dentro del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). Esta determinación surge tras una serie de señalamientos que involucran no solo a esta dependencia, sino también a otras entidades del sector público bajo la administración del presidente Gustavo Petro, centrando la atención en el manejo de los recursos y la vinculación de personal.

Citaciones clave en el proceso investigativo

En el marco de las primeras diligencias judiciales, el ente acusador ha confirmado que llamará a declarar a figuras de alto relieve en la estructura gubernamental. Entre las personas citadas se encuentran las exdirectoras del Dapre, Angie Rodríguez y Laura Sarabia. La comparecencia de ambas exfuncionarias se considera fundamental para el avance de las pesquisas, dado que estuvieron al frente de la entidad durante los periodos en los que presuntamente ocurrieron las anomalías reportadas.

La investigación, que fue radicada oficialmente el pasado 23 de octubre, ha sido asignada a una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Este despacho contará con el respaldo técnico y operativo de un equipo especializado, encargado de recolectar el material probatorio necesario. Además de Rodríguez y Sarabia, la Fiscalía tiene previsto citar a otros funcionarios y exfuncionarios de la entidad, así como a particulares que pudiesen haber tenido algún grado de participación o conocimiento directo sobre los hechos que hoy son objeto de escrutinio legal.

Denuncias sobre instrumentalización y contratos de servicios

El núcleo de la controversia reside en las declaraciones públicas entregadas por la exdirectora Angie Rodríguez, quien puso de manifiesto una presunta red de contratación irregular. Según los testimonios y las pruebas preliminares, se habría presentado una supuesta instrumentalización de mujeres vinculadas al Estado mediante contratos de prestación de servicios. Las denuncias sugieren que estas personas habrían sido requeridas para asistir a reuniones de carácter no oficial y eventos sociales en la Casa de Nariño, desvirtuando el objeto contractual para el cual fueron contratadas originalmente.

Sobre este particular, el actual director del Dapre, Carlos Ríos, ofreció detalles adicionales durante una intervención ante el Congreso de la República. Según Ríos, se han identificado al menos 48 mujeres que estarían involucradas en estos hechos bajo diversas modalidades contractuales. El funcionario también reveló que, de este grupo, cuatro mujeres ya se encuentran rindiendo declaraciones en calidad de testigos ante los organismos internos del Dapre, aportando información que podría ser determinante para la justicia penal.

Acciones de policía judicial y vigilancia institucional

Para garantizar la transparencia y el rigor en el proceso, la Fiscalía General de la Nación anunció que ordenará de manera inmediata diversas actividades de policía judicial. Estas labores están orientadas a verificar la legalidad de los contratos celebrados, analizar los perfiles de las personas contratadas y establecer si existió un desvío de funciones o un uso indebido de los dineros públicos destinados al funcionamiento de la Presidencia.

La gravedad de los señalamientos ha provocado la reacción de otros organismos de control y defensa de derechos. Iris Marín, defensora del Pueblo, ha hecho un llamado vehemente para que las investigaciones se manejen con la máxima prioridad. Marín instó a la Corte Suprema de Justicia, a la Procuraduría General de la Nación y a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes a actuar con total independencia y celeridad. La defensora enfatizó la necesidad de esclarecer lo ocurrido y, sobre todo, asegurar que se brinden todas las garantías de protección a las posibles víctimas de este esquema de contratación.

Con este panorama, la Fiscalía busca determinar si se configuraron delitos contra la administración pública y establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos que han sido divulgados ampliamente por los medios de comunicación y por los propios protagonistas de la gestión administrativa en el Dapre.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Qué está investigando la Fiscalía en el Dapre?

El ente acusador busca verificar presuntas irregularidades en la contratación de al menos 48 mujeres, quienes habrían sido instrumentalizadas para asistir a eventos sociales y reuniones no oficiales en la Casa de Nariño.

¿Quiénes son las principales figuras citadas a declarar?

La Fiscalía citó a las exdirectoras del Dapre, Laura Sarabia y Angie Rodríguez, siendo esta última quien denunció públicamente la existencia de una supuesta red de contratación irregular.

¿Qué acciones se están tomando para avanzar en el caso?

Se asignó una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia y se ordenaron labores de policía judicial para analizar la legalidad de los contratos y determinar si hubo desvío de recursos públicos.