Procuraduría abre investigación disciplinaria contra dos exdirectivas del ICBF por un contrato de educación inicial para la primera infancia

¿Qué busca establecer la Procuraduría?

De acuerdo con la información divulgada por la entidad, la actuación disciplinaria tiene como propósito verificar si se presentaron presuntas irregularidades en las etapas de planeación, estructuración y ejecución del proceso contractual. Es decir, el órgano de control revisará cómo se diseñó la contratación, con qué estudios y criterios se armó y de qué manera se desarrolló en la práctica.

La Procuraduría también indicó que es necesario examinar si durante la ejecución se presentaron situaciones que pudieron afectar el cumplimiento de las obligaciones pactadas o la adecuada supervisión del contrato. La supervisión es la labor de seguimiento que la entidad pública debe hacer para comprobar que el contratista cumpla lo acordado y que los recursos se usen para el fin previsto.

Hasta el momento, el Ministerio Público no ha precisado públicamente el valor de los contratos objeto de revisión, los operadores involucrados ni la dependencia interna que tramita el expediente.

Una contratación de alcance nacional

El proceso cuestionado corresponde a una contratación masiva que el ICBF diseñó en 2024, en tiempos de Gustavo Petro, para la atención en educación inicial en distintas modalidades: integral, familiar, institucional y propia e intercultural. La meta era atender a cerca de 1.675.000 niños y niñas en todo el territorio nacional, con hasta 210 días de atención al año.

El modelo, de acuerdo con esos medios, pretendía ampliar la participación de operadores comunitarios, dando prioridad a asociaciones de padres de familia, juntas de acción comunal, consejos comunitarios y organizaciones indígenas y campesinas. Su estructuración y ejecución, sin embargo, fue objeto de cuestionamientos por presuntos problemas operativos.

¿Quiénes son las investigadas?

Adriana Velásquez Lasprilla se desempeñó como Subdirectora General del ICBF durante el gobierno de Gustavo Petro. María Mónica Martínez Martínez asumió como Directora Técnica de Primera Infancia en diciembre de 2023, ante la entonces Directora General del Instituto, Astrid Cáceres Cárdenas, una oficial del ICBF. Antes de llegar a la entidad, Martínez, acumuló más de 12 años de experiencia en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Nariño, Santander y Norte de Santander. Ambas ya no ocupan esos cargos.

¿Qué sigue en el proceso?

La investigación disciplinaria es la etapa en la que la Procuraduría recauda pruebas para determinar si una conducta de un servidor o exservidor público constituye una falta y si existe responsabilidad. Durante este trámite, las investigadas pueden ejercer su derecho a la defensa, solicitar pruebas y presentar descargos.

Al término de esta fase, el órgano de control podrá archivar la actuación si no encuentra mérito o formular pliego de cargos, que es la acusación formal en materia disciplinaria. Solo después de un juicio disciplinario, y en caso de un fallo en firme, podrían imponerse sanciones como la destitución e inhabilidad, la suspensión o una multa, según la gravedad de la falta.

La Procuraduría ejerce el control disciplinario sobre los servidores públicos, de manera independiente de las investigaciones penales que corresponden a la Fiscalía y de los procesos de responsabilidad fiscal que adelanta la Contraloría General de la República.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Por qué la Procuraduría investiga a las exdirectivas del ICBF?

El organismo busca determinar si hubo irregularidades en las etapas de planeación, estructuración y ejecución de un contrato masivo de educación inicial para la primera infancia en 2024.

¿Quiénes son las funcionarias vinculadas al proceso?

Se trata de Adriana Velásquez Lasprilla, ex subdirectora general del ICBF, y María Mónica Martínez Martínez, ex directora de Primera Infancia.

¿Cuál era el objetivo del contrato bajo sospecha?

El proceso contractual pretendía brindar atención integral a cerca de 1.675.000 niños y niñas en todo el país, priorizando la participación de operadores comunitarios y organizaciones sociales.