Generales retirados del Ejército pidieron a la JEP evaluar si la magistrada Catalina Díaz debe apartarse del caso de los 'falsos positivos'

Un grupo de generales retirados solicitó al órgano de gobierno de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) examinar si las declaraciones públicas de la magistrada Catalina Díaz Gómez podrían configurar una causal de impedimento para conocer determinados asuntos. La comunicación, fechada el 22 de octubre de 2026, también fue dirigida a la funcionaria y precisa que la organización actúa en nombre propio, sin representar judicialmente a un compareciente específico.

La solicitud no corresponde a una recusación formal ni exige directamente la separación de la magistrada. Su propósito es que la autoridad competente determine si existen elementos jurídicos que justifiquen su eventual apartamiento, de acuerdo con las normas aplicables a la jurisdicción transicional.

Como sustento, el documento cita los artículos 23 y 230 de la Constitución Política, los artículos 7 y 103 de la Ley 1957 de 2019, que regula aspectos estatutarios de la JEP, y el reglamento de esa jurisdicción. También remite al artículo 56 de la Ley 906 de 2004, que contempla diferentes causales de impedimento, entre ellas haber aconsejado o expresado una opinión sobre el asunto objeto del proceso.

El Consejo fundamenta su planteamiento en el principio de imparcialidad objetiva. Según su argumentación, no sería indispensable demostrar que la magistrada adoptará una decisión parcializada, sino establecer si existen circunstancias verificables capaces de generar dudas razonables sobre su imparcialidad. Además, cuestiona que las afirmaciones se hayan formulado en una entrevista periodística y no en una providencia judicial sometida a contradicción procesal.

El desacuerdo surgió tras una entrevista concedida por Díaz al diario El Espectador, publicada el 5 de octubre, en medio de la discusión sobre un proyecto de acto legislativo que permitiría al Tribunal Superior Militar y Policial revisar sentencias de la JEP contra antiguos integrantes de la fuerza pública.

En esa conversación, la magistrada afirmó que la Justicia Penal Militar habría operado como mecanismo de encubrimiento de crímenes cometidos por agentes estatales durante el conflicto armado. También señaló que numerosas investigaciones relacionadas con los llamados ‘falsos positivos’ fueron archivadas sin identificar a los responsables y mencionó relatos de antiguos militares sobre la presunta participación de jueces castrenses en el ocultamiento de esos hechos, ocurridos antes del 1 de diciembre de 2016.

Los generales cuestionaron especialmente el relato sobre una supuesta instrucción impartida por un funcionario judicial militar para ejecutar a una persona durante una inspección de cadáver. De acuerdo con la comunicación, en esa referencia no se identificaron el funcionario involucrado, la fecha, el número del expediente ni una denuncia que permitiera verificar lo ocurrido.

La controversia ya había generado una reacción institucional. El Tribunal Superior Militar y Policial pidió a la magistrada presentar las pruebas de sus afirmaciones y formular las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes.

Asimismo, rechazó las generalizaciones sobre la jurisdicción militar e informó que, entre 2022 y 2026, profirió 536 sentencias condenatorias y 135 absolutorias en segunda instancia.

La presentación de la solicitud no significa que exista una decisión contra Díaz ni que el impedimento haya sido reconocido. La determinación corresponde a la instancia competente de la JEP, que deberá establecer si las circunstancias expuestas cumplen los requisitos legales para apartar a la magistrada de algún asunto.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Qué solicitaron los generales retirados a la JEP?

El Consejo de Generales de la Reserva Activa pidió evaluar si la magistrada Catalina Díaz debe apartarse de casos de 'falsos positivos' por un posible impedimento tras sus declaraciones públicas.

¿Cuáles fueron las declaraciones que desataron la controversia?

La magistrada afirmó en una entrevista que la Justicia Penal Militar funcionó como un mecanismo de encubrimiento de crímenes cometidos por agentes estatales durante el conflicto armado.

¿Cuál es el argumento principal de los militares retirados?

Sostienen que las afirmaciones de la magistrada, hechas en un medio de comunicación y no en una providencia judicial, generan dudas razonables sobre su imparcialidad objetiva para juzgar estos casos.