Fiscalía solicitó detención domiciliaria para exministros Bonilla y Velasco en investigación por direccionamiento de contratos

La Fiscalía General de la Nación pidió la imposición de detención domiciliaria para los exministros Ricardo Bonilla González y Luis Fernando Velasco Chávez, dentro del proceso que adelanta por el presunto direccionamiento de contratos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La petición fue presentada ante la magistrada Alexandra Rosero durante la audiencia de medida de aseguramiento que siguió a la imputación de cargos realizada por el ente investigador.

La fiscal del caso, María Cristina Patiño, señaló que la solicitud se sustenta en lo dispuesto por la Constitución y el Código de Procedimiento Penal. Según indicó, la medida corresponde a una medida cautelar privativa de la libertad en lugar de residencia y se enmarca en lo previsto en el artículo 250 de la Constitución.

De acuerdo con los avances de la investigación, la Fiscalía afirmó que los exministros habrían participado en un esquema orientado al direccionamiento de recursos públicos con el fin de asegurar apoyos políticos en el Congreso durante las discusiones de las reformas pensional y de salud.

El ente investigador señaló que Bonilla y Velasco habrían impulsado la priorización de 74 proyectos radicados en el Instituto Nacional de Vías (Invías) por un valor de 571.701 millones de pesos, junto con cinco proyectos gestionados a través de la UNGRD por 40.536 millones de pesos. En total, las iniciativas en cuestión representan 612.237 millones de pesos.

Aunque los proyectos hicieron parte del acuerdo que es materia de investigación, la Fiscalía precisó que solo siete convenios alcanzaron a formalizarse. Estos hechos, según la entidad, fueron examinados para demostrar el presunto alcance de las gestiones adelantadas en el interior de las instituciones involucradas.

Durante la audiencia, la fiscal Patiño mencionó uno de los episodios incluidos en el expediente del 13 de junio de 2023, fecha en la que el entonces director de la UNGRD, Olmedo López, asistió al debate de la reforma pensional en la Comisión Séptima del Senado.

Según la Fiscalía, en esa ocasión López acordó con la funcionaria Marta Peralta la gestión de proyectos que eran de interés para algunos parlamentarios, entre ellos la representante Berenice Bedoya. Además, Peralta habría solicitado atender inquietudes de congresistas de la coalición que manifestaban inconformidades por su nivel de participación en el Gobierno.

Con base en los hechos expuestos, la Fiscalía reiteró la necesidad de imponer la medida de aseguramiento en lugar de residencia para Bonilla y Velasco, argumentando el riesgo procesal que, a su juicio, justificaría este tipo de restricción mientras avanza la investigación. La magistrada Rosero será la encargada de determinar si procede la solicitud presentada por el ente investigador.