Fiscalía imputó a administradora de refugio donde hallaron más de 300 perros en condiciones de abandono

El caso, conocido como “Misión 300”, puso bajo la lupa el funcionamiento de un lugar que durante años recibió donaciones y aportes de ciudadanos con el propósito de atender animales rescatados. La Fiscalía informó que María Constanza García Aguirre fue imputada por el delito de maltrato animal, tras ser señalada como la responsable del predio ubicado entre las veredas Vático y Eseas, donde permanecían cientos de caninos.

Durante las audiencias correspondientes, la mujer compareció ante la justicia y no aceptó los cargos formulados por el ente investigador. De acuerdo con los hallazgos recopilados durante el proceso, el lugar operaba como un supuesto refugio para perros en condición de abandono y era sostenido mediante contribuciones económicas y materiales de personas que respaldaban la labor de rescate animal.

Sin embargo, las verificaciones adelantadas por las autoridades permitieron establecer un panorama distinto al que se promovía públicamente. Las inspecciones realizadas por funcionarios de la Fiscalía, la Policía Nacional y el Instituto de Protección y Bienestar Animal de Cundinamarca (Ipybac) evidenciaron que más de 300 animales permanecían confinados en espacios reducidos y sin condiciones adecuadas para su cuidado.

Según el expediente, los perros carecían de acceso suficiente a agua potable y alimento, mientras que varios presentaban cuadros de desnutrición, enfermedades y lesiones. Durante la audiencia judicial, la Fiscalía expuso detalles sobre el estado de las instalaciones.

El fiscal José Sneider Caita señaló que los animales se encontraban en estructuras que no ofrecían condiciones apropiadas para su permanencia. Entre los elementos documentados figuraban comederos y bebederos deteriorados, agua en malas condiciones, presencia constante de insectos, corrales de madera sin procesos de desinfección y zonas con acumulación de residuos, lodo y excrementos.

Asimismo, la investigación estableció que varios espacios estaban rodeados por alambres de púas, puntillas y materiales de construcción abandonados, factores que incrementaban el riesgo de heridas y afectaciones físicas para los animales. Las autoridades también reportaron deficiencias en la atención veterinaria y la inexistencia de medidas suficientes para prevenir la propagación de enfermedades.

Uno de los momentos clave dentro del proceso ocurrió el 12 de agosto de 2022, cuando se efectuó una visita de verificación al predio. En esa diligencia se constató que varios de los perros no contaban con agua ni alimento disponible y presentaban signos visibles de deterioro físico. Los informes técnicos incorporados al expediente señalaron que las condiciones sanitarias del lugar favorecían la aparición de patologías y complicaciones médicas.

La respuesta institucional incluyó la puesta en marcha de la operación denominada “Misión 300”, mediante la cual se coordinó la intervención entre la Fiscalía, la Policía Nacional y el Ipybac. Esta entidad acompañó el proceso de valoración clínica de los animales y apoyó las labores necesarias para su traslado y atención médico-veterinaria.

Mientras tanto, la Gobernación de Cundinamarca informó que continuará impulsando estrategias de prevención del maltrato animal y promoviendo mecanismos de denuncia ciudadana, en tanto avanza el proceso judicial contra la administradora del lugar.

Registraduría activó la logística para el balotaje del 21 de junio. Esto es lo que sigue