Fiscalía busca imputar a siete cabecillas de la Segunda Marquetalia por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

A pocos días de cumplirse un año del asesinato de Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio de 2025 en Bogotá, la Fiscalía General de la Nación solicitó a la justicia avanzar en una nueva etapa del proceso penal contra quienes considera responsables de haber ordenado el crimen.

La petición fue presentada ante un juez de control de garantías y busca que sean declarados como personas ausentes siete integrantes de la estructura armada ilegal conocida como la Segunda Marquetalia. Entre los señalados figuran alias Iván Márquez, “John 40”, “Zarco Aldinever”, “Rusbel”, “Enrique Marulanda”, alias Gonzalo y alias Yako.

De acuerdo con el ente acusador, estas personas tendrían una presunta responsabilidad como determinadores del atentado que acabó con la vida del dirigente político. La decisión final sobre la solicitud deberá ser adoptada por el juez encargado del caso.

La figura de persona ausente permite que el proceso judicial continúe aun cuando los investigados no hayan sido capturados o no comparezcan ante las autoridades, garantizando el avance de la actuación penal mientras se mantienen vigentes los mecanismos de búsqueda nacional e internacional.

La investigación apunta a una cadena de mando

Uno de los elementos centrales de la investigación ha sido la reconstrucción de la presunta estructura de mando detrás del atentado.

Según la hipótesis de la Fiscalía, alias “Zarco Aldinever” habría impartido la orden de ejecutar el asesinato. Esta línea investigativa se sustenta, entre otros elementos, en los testimonios y declaraciones aportadas por Simeón Pérez, conocido con el alias de “El Viejo”, quien se convirtió en una de las piezas clave del expediente.

Los investigadores sostienen que alias Yako habría desempeñado un papel relevante en la coordinación inicial del plan criminal. Según el expediente, fue quien contactó a alias El Viejo y posteriormente facilitó una reunión con “Zarco Aldinever” en una zona fronteriza con Venezuela.

A partir de ese encuentro, la Fiscalía considera que alias El Viejo asumió la coordinación operativa del atentado y estableció los contactos con la estructura urbana que finalmente ejecutó el crimen en la capital del país.

Nueve personas ya han sido vinculadas al proceso

Hasta el momento, la investigación ha permitido vincular formalmente a nueve personas por su presunta participación en el magnicidio.

Entre ellas se encuentra alias El Viejo, quien suscribió un preacuerdo con la Fiscalía y aceptó una condena de 22 años de prisión. Su colaboración ha sido considerada fundamental para esclarecer la presunta planeación del atentado.

También fueron condenados mediante acuerdos judiciales Katherine Andrea Martínez Martínez, señalada de suministrar el arma utilizada; Carlos Eduardo Mora, conductor de uno de los vehículos involucrados; y Harold Barragán, señalado de contactar al menor conocido como alias “Tianz”, identificado como el presunto autor material del asesinato.

Los tres aceptaron condenas de 21 años de prisión tras reconocer su participación en los hechos.

Continúan las actuaciones judiciales

La investigación sigue avanzando en distintas instancias judiciales. En los próximos días, un juez deberá decidir si aprueba el preacuerdo alcanzado con José Arteaga, alias Chipi, señalado por la Fiscalía como uno de los coordinadores operativos y planeadores del atentado.

De ser avalado el acuerdo, Arteaga recibiría una condena de 26 años de prisión. Paralelamente, el caso continúa generando repercusiones en el ámbito público. En recientes declaraciones radiales, María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, afirmó que tras conocer detalles de la investigación considera que se trató de un “crimen de Estado”, expresión que posteriormente relacionó con la existencia de una orden superior detrás del atentado, y abrió la puerta a que posiblemente fue una orden desde el gobierno de Gustavo Petro, según afirmó.

Mientras avanzan las diligencias judiciales, la Fiscalía mantiene abiertas las líneas de investigación para establecer todas las responsabilidades y esclarecer plenamente uno de los hechos más impactantes de la historia política reciente del país.