Aumenta la lista: exfuncionarios de Quintero enfrentan cargos disciplinarios por contratos en Medellín

La Procuraduría General de la Nación anunció la formulación de pliego de cargos contra cuatro exdirectivos vinculados a entidades del Distrito de Medellín durante la administración de Daniel Quintero.

Las investigaciones se centran en presuntas irregularidades contractuales entre Metroparques, el Instituto de Deportes y Recreación (Inder) y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Los implicados son:

• Álvaro Alonso Villada García, quien se desempeñó como subdirector de gestión administrativa y financiera del Área Metropolitana
• Diana Paola Toro Zuleta, exdirectora general del Inder
• Jorge Enrique Liévano Ospina y María Eugenia Domínguez Castañeda, exgerentes de Metroparques

El ente de control determinó que en varios contratos se habría utilizado la modalidad de invitación privada en lugar de licitación pública, lo que restringió la competencia entre oferentes. Además, en algunos procesos los contratistas no acreditaron experiencia suficiente, lo que plantea dudas sobre la idoneidad de la ejecución.

Las investigaciones fueron impulsadas a partir de denuncias de la veeduría ciudadana Todos por Medellín, que alertó sobre un posible esquema de direccionamiento en los contratos. Según la vocera de la organización, Piedad Restrepo, se trata de un patrón que podría repetirse en otros procesos aún no revisados.

Restrepo señaló que la Procuraduría solo analizó los convenios entre Metroparques, el Inder y el Área Metropolitana, pero que existen otros contratos entre dependencias del Distrito y Metroparques que no han sido evaluados y que podrían contener irregularidades.

Entre los contratos bajo cuestionamiento se encuentran los relacionados con el mantenimiento del Parque de las Aguas y con la organización de actividades recreativas y deportivas del Inder, financiadas con recursos de Presupuesto Participativo. La Procuraduría advirtió que en todos los casos analizados la calificación de los cargos es a título de culpa gravísima.

El proceso disciplinario busca establecer si los funcionarios actuaron conforme a la ley o si se configuraron faltas que ameriten sanciones. Cabe destacar que algunos de los implicados ya habían enfrentado decisiones previas.

Liévano, fue sancionado e inhabilitado por nueve años tras comprobarse la ampliación sin justificación de un contrato con el Jardín Botánico de Medellín, destinado a la conservación de áreas verdes. En la misma decisión fue sancionada la entonces secretaria de Infraestructura, Natalia Urrego.

La Procuraduría también mantiene en estudio al menos 12 contratos adicionales suscritos por Metroparques con otras dependencias del Distrito, que podrían ampliar el alcance de las investigaciones. Estos hallazgos podrían abrir nuevas líneas de análisis sobre el uso de recursos públicos en la capital antioqueña durante la administración anterior.

El proceso contra los exfuncionarios continuará en etapa disciplinaria, donde se evaluará la responsabilidad individual de los implicados. Mientras tanto, las actuaciones de control se enmarcan en una revisión más amplia de la contratación en Medellín, motivada por denuncias ciudadanas y hallazgos preliminares de organismos de control.

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