Dos servidores del Inpec fueron enviados a prisión por presuntamente facilitar fuga de extraditable

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a dos funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), quienes son investigados por su presunta participación en la fuga de un ciudadano venezolano señalado de integrar la organización criminal transnacional Tren de Aragua.

Los procesados son el dragoneante José Daniel Yunda Fajardo y el inspector Édgar Alfredo Melo Forero, quienes enfrentan un proceso penal por hechos relacionados con la evasión de un interno recluido en la cárcel La Picota de Bogotá el pasado 1 de abril. De acuerdo con las autoridades, el privado de la libertad permanecía en ese establecimiento penitenciario mientras avanzaba el proceso para su extradición a Perú, donde es requerido por el delito de homicidio agravado.

Según la investigación adelantada por la Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía, el recluso logró escapar utilizando una cuerda artesanal elaborada con sábanas y prendas de vestir. Las labores investigativas permitieron establecer que, durante el turno de vigilancia correspondiente, los dos funcionarios habrían incurrido en varias omisiones que facilitaron la salida del interno del centro carcelario.

Entre los hechos atribuidos por el ente acusador se encuentra la presunta apertura de la puerta del área de lavandería, la omisión en la verificación del recluso durante los procedimientos de conteo reglamentarios y la falta de activación de los protocolos establecidos para reportar una fuga.

Asimismo, la Fiscalía indicó que los funcionarios no habrían registrado ninguna novedad en la minuta oficial de servicio, situación que retrasó la detección de la evasión. De acuerdo con el expediente, la desaparición del interno fue advertida únicamente durante la mañana del día siguiente, cuando se realizó una nueva verificación de la población privada de la libertad.

Posteriormente, las autoridades iniciaron un operativo de búsqueda que permitió la recaptura del ciudadano venezolano el 8 de mayo en Medellín, donde fue ubicado por las autoridades competentes. La Fiscalía señaló que el proceso de investigación continuó después de la recaptura con el propósito de establecer las circunstancias que rodearon la fuga y la eventual participación de servidores públicos.

Como resultado de las pruebas recopiladas, el ente investigador sostiene que los dos funcionarios del Inpec habrían recibido, presuntamente, la suma de 500 millones de pesos a cambio de facilitar el escape del interno. Con base en los elementos materiales probatorios y la evidencia física obtenida, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción les imputó los delitos de favorecimiento de fuga y cohecho propio.

Durante las audiencias preliminares, los procesados no aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía.

Tras analizar la solicitud presentada por el ente acusador, una juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario contra ambos funcionarios mientras avanza el proceso judicial.

La Fiscalía indicó que la investigación continúa con el propósito de esclarecer todas las circunstancias relacionadas con la fuga del ciudadano venezolano y determinar la eventual participación de otras personas en los hechos, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia de los procesados hasta que exista una decisión judicial en firme.