Justicia frenó de manera provisional actuación de la Supersalud contra el Hospital General de Medellín
El Juzgado Doce Administrativo Oral de Medellín admitió la acción de tutela presentada por el Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutiérrez contra la Superintendencia Nacional de Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social.
La controversia entre el Hospital General de Medellín y la Superintendencia Nacional de Salud sumó este viernes un nuevo capítulo judicial. El Juzgado Doce Administrativo Oral de Medellín decidió admitir la acción de tutela interpuesta por la E.S.E. Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutiérrez contra la Superintendencia Nacional de Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social, al considerar que la solicitud cumple con los requisitos legales para iniciar su trámite.
En la providencia, fechada el 10 de julio de 2026, el despacho judicial señala que el hospital acudió a este mecanismo constitucional al considerar vulnerados sus derechos fundamentales por las actuaciones adelantadas por la autoridad de inspección y vigilancia.
En el auto, el juzgado dispone "ADMITIR la ACCIÓN DE TUTELA, instaurada por el HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN LUZ CASTRO DE GUTIÉRREZ E.S.E., en contra de la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL", además de otorgarle el trámite preferencial previsto en el Decreto 2591 de 1991.
Uno de los aspectos más relevantes de la decisión corresponde a la medida provisional decretada por la juez Consuelo Mazo Echavarría. Tras analizar los hechos expuestos por la entidad accionante y la documentación allegada al expediente, el despacho concluyó que la aplicación inmediata del Auto No. 2026410030001591-7, expedido el 5 de julio de 2026 por la Superintendencia Nacional de Salud, podría generar una afectación al debido proceso mientras se estudia el fondo del caso.
En ese sentido, la providencia advierte que "la ejecución inmediata del Auto No. 2026410030001591-7 del 5 de julio de 2026, así como la exigencia de cumplir los requerimientos allí contenidos antes de resolverse de fondo la presente acción constitucional, podría incidir de manera directa en el ejercicio del derecho fundamental al debido proceso invocado por la entidad accionante".
Con base en esa valoración preliminar, el juzgado accedió a la solicitud presentada por el Hospital General de Medellín y ordenó la suspensión temporal de los efectos del acto administrativo mientras avanza el proceso constitucional.
El despacho también resolvió que la Superintendencia Nacional de Salud deberá abstenerse de exigir información adicional derivada del referido acto administrativo, hasta tanto exista una decisión definitiva sobre la tutela.
La decisión judicial explica que esta medida busca evitar que la presunta vulneración alegada por el hospital se agrave antes de que exista un fallo de fondo. En consecuencia, señala que "el Despacho accede a la medida provisional solicitada, y ordena la suspensión provisional de los efectos del Auto No. 2026410030001591-7 del 5 de julio de 2026".
Asimismo, el juzgado ordenó notificar a las entidades accionadas para que, dentro del término de dos días, presenten su posición frente a los hechos expuestos y aporten los documentos que consideren pertinentes, conforme a lo establecido en el Decreto 2591 de 1991.
Reacción del alcalde Federico Gutiérrez
Tras conocerse la decisión judicial, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció a través de sus redes sociales con fuertes críticas dirigidas al superintendente nacional de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.
El mandatario aseguró:
"Noto muy desesperado al jefe de la banda, inventándose auditorías justo cuando imputan a su hermanito… ¿Qué quiere? ¿Ver qué más se roba? Acá la Justicia lo volvió a frenar cuando intentó entrar al Hospital General: no hay objetividad en sus actuaciones. Deben estar es en la cárcel."
Las declaraciones del alcalde se producen luego de que el juzgado concediera la medida provisional a favor del Hospital General de Medellín, una decisión que, por ahora, deja sin efectos la actuación administrativa cuestionada y suspende las exigencias formuladas por la Superintendencia Nacional de Salud mientras la justicia constitucional resuelve de fondo la tutela.

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