Denuncian extorsiones millonarias del Clan del Golfo contra la operación de Hidroituango

La seguridad de la infraestructura energética más importante de Colombia se encuentra en el centro del debate nacional tras revelarse las graves presiones económicas y operativas que el Clan del Golfo ha ejercido sobre Hidroituango. Según informes presentados en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, el Frente 36 de esta organización criminal habría establecido un sistema de cobros ilegales y restricciones de movilidad que ponen en riesgo la estabilidad del proyecto hidroeléctrico y la integridad de sus trabajadores.

Exigencias económicas de alto impacto

De acuerdo con la información suministrada por Empresas Públicas de Medellín (EPM) y difundida en el marco del control político en el Congreso, las pretensiones del grupo armado organizado son de una magnitud alarmante. El Clan del Golfo habría exigido una suma inicial de 5.000 millones de pesos como una suerte de "cuota de entrada" para permitir que la central continuara con sus labores de operación. Esta cifra, sin embargo, no representaba el final de las presiones financieras.

El reporte advierte que, tras la exigencia inicial, la estructura criminal habría intentado imponer un cobro recurrente superior a los 500 millones de pesos mensuales. Estas extorsiones no solo afectan la viabilidad financiera de los contratistas y la entidad, sino que representan un desafío directo a la institucionalidad del Estado en una zona estratégica para el suministro eléctrico del país. La situación refleja una consolidación del poder delictivo en el Bajo Cauca antioqueño, donde la organización busca lucrarse de los activos estratégicos de la nación.

Control territorial y restricciones al personal

Más allá de las pretensiones monetarias, el Frente 36 del Clan del Golfo ha implementado mecanismos de control social y territorial que dificultan el día a día en la zona de influencia de la hidroeléctrica. EPM ha señalado que la estructura criminal llegó a exigir permisos escritos para autorizar el ingreso de personal a determinadas áreas, realizando retenciones arbitrarias de trabajadores y expulsando cuadrillas de trabajo según su conveniencia.

La gravedad de la situación se evidencia en el bloqueo de acceso a 17 veredas del municipio de Briceño. En estas localidades, el personal de EPM ha enfrentado restricciones severas para realizar sus labores técnicas y de mantenimiento. Este escenario de confinamiento operativo se habría agudizado, paradójicamente, en periodos donde se discutían acercamientos como el denominado Pacto de Doha y la posible creación de zonas de ubicación temporal para los grupos armados.

Antecedentes de violencia y llamados a la acción

El historial de agresiones contra quienes laboran en Hidroituango incluye episodios de violencia letal. En el Congreso se recordaron ataques indiscriminados que han cobrado vidas, como el evento en el que un sargento falleció y un soldado resultó herido tras el uso de cilindros con explosivos en una de las vías de acceso al proyecto. Estos hechos subrayan que las amenazas del Clan del Golfo no son meramente retóricas, sino que cuentan con una capacidad de daño real y constante.

Ante este panorama, el representante a la Cámara, Simón Molina, hizo un llamado urgente a la articulación entre los diferentes niveles de la administración pública. Molina enfatizó la necesidad de que la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía y el Gobierno Nacional unan esfuerzos para que la lucha contra la criminalidad en la región sea más contundente y eficiente durante los próximos años. La meta es garantizar que la infraestructura del país no sea rehén de grupos al margen de la ley.

La urgencia de recuperar el orden público

La situación en el Bajo Cauca exige una respuesta integral que combine la presencia de la fuerza pública con el desmantelamiento efectivo de las redes financieras del Clan del Golfo. La comunidad y los sectores políticos coinciden en que permitir que una organización criminal determine quién entra o sale de una zona de importancia nacional es una cesión de soberanía inaceptable. La protección de Hidroituango se convierte así en una prioridad no solo energética, sino de seguridad nacional, para evitar que el cobro de "peajes" sobre la energía de los colombianos se convierta en una práctica normalizada.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Qué exigencias económicas está haciendo el Clan del Golfo a Hidroituango?

El Frente 36 del grupo criminal exige una cuota inicial de 5.000 millones de pesos y pagos mensuales superiores a los 500 millones para permitir la operación de la central.

¿Cómo está afectando este grupo armado el trabajo en la zona?

La organización impone restricciones de movilidad en 17 veredas de Briceño, exige permisos escritos para el ingreso de personal y ha realizado retenciones arbitrarias y expulsiones de trabajadores.

¿Cuál es el llamado de las autoridades ante esta situación de seguridad?

Se solicita una articulación urgente entre el Gobierno Nacional, la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía para combatir la criminalidad y evitar que la infraestructura energética sea rehén de grupos ilegales.