Corte Suprema cerró proceso contra un exgobernador encargado de Arauca por 16 contratos firmados en un día

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la absolución de José Rafael Zúñiga Castañeda, quien ocupó la Gobernación de Arauca durante una semana de 2006, al concluir que actuó bajo un error invencible sobre la interpretación de la norma que regulaba el uso de las regalías.

Zúñiga Castañeda, licenciado en química y docente de profesión, fue designado gobernador encargado del departamento de Arauca entre el 25 de enero y el 1 de febrero de 2006. A pesar de la brevedad de su paso por el despacho departamental, un hecho administrativo específico llamó la atención de los organismos de control: el 27 de enero de ese año, apenas dos días después de haber asumido el cargo, el funcionario firmó un total de 16 contratos. Esta cifra incluía dos órdenes de prestación de servicios y 14 contratos de consultoría, los cuales, en su gran mayoría, correspondían a interventorías de obras públicas financiadas con recursos provenientes de las regalías.

Según el expediente, la mayoría de esos contratos no contaba con estudios de conveniencia y oportunidad propios. Estos análisis previos son una exigencia fundamental de la ley de contratación estatal, pues justifican técnicamente por qué una entidad necesita adquirir un bien o servicio y definen las condiciones específicas para ello. La investigación detalló que en tres de estos contratos, identificados específicamente con los números 003, 029 y 030, los documentos de soporte se habrían elaborado incluso después de que la firma del gobernador encargado ya estuviera plasmada en el papel.

El delito por el que fue acusado

La Fiscalía General de la Nación formuló cargos contra Zúñiga Castañeda por el delito de celebración de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, tipificado en el artículo 410 del Código Penal. La acusación se presentó bajo la figura de concurso homogéneo, la cual se aplica cuando un mismo sujeto comete la misma conducta punible en repetidas ocasiones, en este caso, multiplicada por los 16 instrumentos contractuales cuestionados.

El recorrido judicial de este caso fue extenso y complejo. Inicialmente la Fiscalía abrió la instrucción formal el 5 de mayo de 2017, es decir, más de once años después de que ocurrieran los hechos en la capital araucana, el exfuncionario rindió su indagatoria el 1 de junio de 2017 y fue llamado a juicio mediante una resolución de acusación emitida el 15 de enero de 2019.

Dicha decisión fue confirmada en segunda instancia el 14 de febrero de ese mismo año. Debido a su condición de aforado constitucional por el cargo que ostentaba, el juicio quedó bajo la competencia de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, corporación que dictó una sentencia absolutoria inicial el 18 de octubre de 2023. Ante este fallo, el ente acusador interpuso un recurso de apelación insistiendo en la necesidad de una condena.

Las razones de la Corte Suprema

Al entrar a estudiar el recurso de apelación, la Sala de Casación Penal aceptó que, desde un punto de vista técnico, existió un incumplimiento objetivo de los requisitos contractuales. El debate jurídico se concentró en la aplicación del artículo 14 de la Ley 756 de 2002, norma que regulaba la distribución de los recursos de regalías destinados a proyectos municipales y que reservaba porcentajes específicos para interventorías técnicas y gastos de funcionamiento. Para el alto tribunal, quedó claro que los contratos de interventoría sí requerían estudios previos independientes, desestimando cualquier interpretación que sugiriera lo contrario.

Sin embargo, la Corte recordó un principio fundamental del derecho penal: este delito en particular solo se configura cuando existe dolo. Esto significa que el servidor público debe actuar con el conocimiento pleno de que está violando la ley y con la voluntad expresa de hacerlo. En el análisis del caso de Zúñiga Castañeda, la Sala concluyó que el exgobernador incurrió en lo que se denomina un "error de prohibición invencible". Esta figura jurídica exime de responsabilidad penal a una persona cuando actúa bajo el convencimiento errado de que su conducta es lícita y no tiene una forma razonable o exigible de advertir que está cometiendo una irregularidad.

La sentencia subraya que dicho error recayó sobre la incorrecta interpretación de una norma ajena al Código Penal, específicamente la regulación técnica de las regalías. También se valoró de manera determinante el contexto del encargo: Zúñiga Castañeda estuvo apenas una semana en el cargo y los contratos llegaron a su despacho para la firma tras haber pasado previamente por todas las dependencias técnicas y jurídicas de la Gobernación de Arauca, lo que generó una confianza legítima en la legalidad del proceso.

Durante el proceso, fue clave el testimonio de Carlos Augusto Rincón Jiménez, quien para la época de los hechos se desempeñaba como jefe de la oficina Jurídica departamental. Rincón Jiménez afirmó ante la justicia que el procedimiento estándar dictaba que cualquier contrato que careciera de los soportes legales necesarios era devuelto de inmediato a las secretarías correspondientes para su subsanación, lo que reforzó la tesis de que el gobernador encargado confió en el filtro previo de sus asesores.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Por qué fue absuelto el exgobernador encargado de Arauca?

La Corte Suprema de Justicia determinó que José Rafael Zúñiga Castañeda actuó bajo la figura jurídica de "error de prohibición invencible". El tribunal consideró que el exfuncionario creía sinceramente que su conducta era lícita, apoyándose en la confianza que le brindaban los procesos técnicos y jurídicos previos de la Gobernación, especialmente considerando que su encargo duró solamente una semana.

¿De qué delitos se acusaba a José Rafael Zúñiga Castañeda?

El exgobernador encargado fue acusado formalmente del delito de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. La Fiscalía cuestionó la firma de 16 contratos en un solo día, señalando que la mayoría de estos documentos carecían de los estudios de conveniencia y oportunidad que exige la ley de contratación pública en Colombia.

¿Cuánto tiempo duró el proceso judicial antes de llegar a una decisión final?

El proceso judicial se extendió por casi dos décadas. Los hechos que originaron la investigación ocurrieron en el año 2006, pero la Fiscalía General de la Nación solo abrió la investigación formal en 2017. Tras varios años de etapas procesales y juicios ante la Corte Suprema, la sentencia definitiva de absolución se ratificó recientemente, cerrando un ciclo de 20 años desde la firma de los contratos.