Denuncian ante la Comisión de Acusación a cinco magistrados de la Sección de Apelación de la JEP, entre ellos su presidente electo

¿Quiénes son los denunciados?

La denuncia se dirige contra Danilo Rojas Betancourth, Rodolfo Arango Rivadeneira, Eduardo Cifuentes Muñoz, Sandra Gamboa Rubiano y Patricia Linares Prieto. Los cinco integran la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz, la instancia que resuelve los recursos contra las decisiones de las demás salas y secciones de la JEP y que unifica la interpretación de sus normas. Cifuentes y Linares, además, fueron presidentes de la jurisdicción.

Rojas Betancourth fue elegido por la Sala Plena el pasado 20 de octubre como presidente de la JEP para el periodo 2026-2028 y debe asumir el cargo el 5 de noviembre, en reemplazo de Alejandro Ramelli Arteaga.

¿Qué dice la denuncia?

El escrito sostiene que los magistrados devengaron sus salarios durante unos siete años sin resolver apelaciones contra sentencias de primera instancia, porque los primeros fallos de ese tipo en los macrocasos —los grandes expedientes que agrupan patrones de crímenes del conflicto— solo se profirieron en septiembre de 2025: el del caso 01, sobre secuestros cometidos por las FARC, y el del caso 03, sobre ejecuciones extrajudiciales conocidas como falsos positivos. En consecuencia, de acuerdo con el denunciante, los primeros expedientes para fallo de segunda instancia llegaron a la Sección a finales de ese año.

El documento cuestiona también que cada despacho contara con una planta de once personas, fijada en el Acuerdo AOG 020 de 2024 de la JEP, que incluye magistrados auxiliares, profesionales, un sustanciador, un auxiliar judicial y un conductor. Afirma que parte de ese personal fue rotado hacia otras salas mediante una política interna de movilidad y critica que, en lugar de sumarse a tareas de descongestión, los magistrados participaran en comisiones administrativas y expidieran nueve sentencias interpretativas, denominadas “Senit”, que a juicio del denunciante no resuelven apelaciones.

El escrito pide investigar a los cinco togados por los delitos de peculado por apropiación, que consiste en apropiarse de recursos públicos; prevaricato, que se configura cuando un servidor toma decisiones manifiestamente contrarias a la ley; y abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto.

Un señalamiento con matices

Los registros oficiales de la JEP muestran que la Sección de Apelación sí profirió decisiones antes de 2025. Entre ellas citó una providencia de 2023 en la que los cinco magistrados resolvieron una apelación contra una decisión de la Sala de Amnistía o Indulto, así como pronunciamientos de ese mismo año sobre la acreditación de víctimas en el caso 01. Ese dato contradice parcialmente la afirmación de que no tuvieron procesos a su cargo hasta 2025.

Hasta el cierre de esta edición, ni la JEP ni los magistrados se habían pronunciado públicamente sobre la denuncia.

¿Qué sigue?

Por su condición de magistrados con fuero especial, los integrantes de la JEP solo pueden ser investigados por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Esa célula deberá decidir si abre una indagación preliminar o si archiva la queja. En caso de avanzar, podría formular acusación ante el Senado, al que corresponde juzgarlos. La presentación de una denuncia no implica responsabilidad alguna, y los cinco magistrados conservan la presunción de inocencia.

La denuncia se conoce en un momento de tensión para la jurisdicción de paz, que enfrenta un recorte de su presupuesto para 2027 y cuestionamientos del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.

Preguntas y respuestas de contexto

¿De qué se acusa a los cinco magistrados de la JEP?

Se les señala de haber recibido salarios durante aproximadamente siete años sin una carga real de trabajo, bajo el argumento de que las primeras sentencias de apelación solo llegaron a su despacho a finales de 2025.

¿Quiénes son los magistrados implicados en la denuncia?

La denuncia incluye a Danilo Rojas Betancourth (presidente electo de la JEP), Rodolfo Arango, Eduardo Cifuentes, Sandra Gamboa y Patricia Linares, por presuntos delitos de peculado, prevaricato y abuso de autoridad.

¿Qué entidad debe investigar este caso?

Debido a que los magistrados cuentan con fuero especial, el proceso debe ser tramitado por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.