Procuraduría abrió investigación a cuatro exfuncionarios de la ANSV por un contrato de más de $62.000 millones

La Procuraduría General de la Nación inició una investigación disciplinaria contra cuatro exservidores de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) por posibles deficiencias en la supervisión de un contrato interadministrativo cuyo valor superó los $62.000 millones. El acuerdo fue celebrado con la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial (ENTerritorio) para desarrollar programas orientados a implementar estrategias y medidas de seguridad vial en Colombia.

Los investigados son Óscar Julián Gómez Cortés, Elkin Mauricio Escobar Sarmiento, Ivana Carolina Murcia González y Sandra Liliana Burgos Gómez. De acuerdo con la información divulgada, los cuatro participaron, en diferentes momentos de la ejecución contractual, en actividades relacionadas con el seguimiento técnico, la revisión de informes, la validación de soportes y la vigilancia directa de las obras.

El organismo de control busca establecer si durante el desarrollo del contrato se presentaron fallas en el seguimiento de los recursos públicos y en los mecanismos de control de las intervenciones ejecutadas en distintas zonas del país.

La actuación disciplinaria pretende determinar si los antiguos funcionarios cumplieron las obligaciones asociadas a sus responsabilidades de supervisión y si las posibles inconsistencias identificadas constituyen faltas disciplinarias.

El contrato objeto de revisión fue suscrito entre dos entidades públicas y tenía como propósito ejecutar programas de seguridad vial de alcance nacional. Por su cuantía y finalidad, el expediente se concentra en verificar cómo se adelantaron las labores de seguimiento y control sobre los recursos comprometidos y las actividades previstas.

La apertura de la investigación no significa que los cuatro exservidores hayan sido declarados responsables. En esta etapa, la Procuraduría debe reunir los elementos probatorios necesarios para establecer si existen fundamentos para continuar con el proceso.

Durante la investigación, el órgano de control podrá recaudar documentos, practicar pruebas testimoniales y escuchar a los implicados. Con base en los resultados, determinará si corresponde formular cargos o disponer el archivo de la actuación.

La formulación de cargos constituye una acusación formal dentro del procedimiento disciplinario, pero tampoco representa una decisión definitiva sobre la responsabilidad de los investigados. Esa determinación depende de las pruebas y de las etapas posteriores del proceso.

Mientras se esclarecen los hechos, los cuatro exservidores conservan la presunción de inocencia y el derecho a ejercer su defensa.

Este procedimiento también debe distinguirse de otras actuaciones de control estatal. Las investigaciones penales están a cargo de la Fiscalía General de la Nación, mientras que los procesos relacionados con la responsabilidad fiscal corresponden a la Contraloría General de la República. La investigación actual se desarrolla en el ámbito disciplinario y se orienta a establecer posibles incumplimientos de los deberes funcionales.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial también ha sido objeto de otra actuación disciplinaria durante 2026. En junio, la Procuraduría formuló cargos contra Claudia María Arroyave López, exsecretaria general de la entidad, y William Alfredo Sandoval Sandoval, excoordinador del Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Ese expediente es independiente del que involucra a los cuatro exservidores y está relacionado con un contrato de $1.700 millones suscrito en 2021 para adquirir un sistema de planificación de recursos empresariales.

En ese caso, un dictamen pericial elaborado por la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría señaló presuntas deficiencias en los estudios y documentos precontractuales. Las conductas fueron calificadas provisionalmente como faltas gravísimas, una valoración que no equivale a una declaración definitiva de responsabilidad.

En las próximas semanas, la Procuraduría deberá avanzar en la recopilación de documentos y testimonios relacionados con el contrato celebrado entre la ANSV y ENTerritorio, además de recibir las versiones de los cuatro investigados.

El material recaudado permitirá establecer si existen elementos suficientes para formular cargos o si, por el contrario, procede el archivo del expediente.

La investigación se concentra en determinar si las labores de vigilancia contractual se desarrollaron conforme a los deberes establecidos y si los recursos destinados a las estrategias de seguridad vial estuvieron sujetos al seguimiento requerido. La decisión disciplinaria dependerá de los resultados de esa verificación.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Por qué la Procuraduría investiga a los cuatro exfuncionarios de la Agencia Nacional de Seguridad Vial?

El organismo busca determinar si hubo fallas en la supervisión, el seguimiento técnico y el control de los recursos de un contrato superior a los $62.000 millones.

¿Quiénes son los exservidores vinculados a este proceso disciplinario?

Los investigados son Óscar Julián Gómez Cortés, Elkin Mauricio Escobar Sarmiento, Ivana Carolina Murcia González y Sandra Liliana Burgos Gómez.

¿Cuál era el objetivo del contrato bajo sospecha?

El acuerdo fue suscrito entre la ANSV y ENTerritorio para ejecutar programas y estrategias de seguridad vial en diversas regiones de Colombia.