Denuncia de la representante Jennifer Pedraza llevó a la Fiscalía a iniciar investigación contra Juliana Guerrero

Tras una denuncia interpuesta por la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, quien acusa a Juliana Guerrero de presuntas irregularidades en la obtención de su título profesional, la Fiscalía General de la Nación abrió una investigación preliminar.

Cabe indicar que según se ha conocido y la denuncia, Guerrero habría obtenido diplomas que la acreditaban como profesional en Contaduría Pública de la Fundación de Educación Superior San José de manera irregular, sin cumplir con los requisitos académicos exigidos para el grado.

En el marco de estos hechos, Pedraza señaló que las pruebas que acompañan la denuncia incluyen documentos oficiales y certificaciones que demostrarían inconsistencias en la información presentada por la exaspirante.

La representante solicitó información al Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes), entidad que respondió sus requerimientos confirmando parte de los hechos y los resultados obtenidos respaldan las sospechas de falsedad en documentos públicos e ideológica.

Según Pedraza, este caso pone en entredicho la transparencia en los procesos de designación de altos funcionarios dentro del Ministerio de la Igualdad, especialmente cuando se trata de cargos de dirección en políticas orientadas a la juventud.

“La insistencia del Gobierno en sostener la designación de una persona que podría haber cometido irregularidades académicas envía un mensaje equivocado sobre la ética pública y el mérito en la función pública”, expresó Pedraza.

Con la apertura de la investigación, la Fiscalía General de la Nación busca establecer si existió falsificación de documentos, irregularidades en la expedición del título o uso indebido de información académica, lo que podría configurar delitos sancionables con penas de prisión y conllevar consecuencias disciplinarias y administrativas.

Este caso ha generado preocupación entre distintos sectores políticos y académicos, que advierten sobre la importancia de garantizar la veracidad de las credenciales profesionales de los funcionarios públicos, en especial de quienes desempeñan cargos con responsabilidad sobre programas de educación y juventud.

La investigación se encuentra en etapa preliminar y, de confirmarse las irregularidades denunciadas, Guerrero podría enfrentar cargos penales por falsedad en documento público y falsedad ideológica, delitos que afectan directamente la credibilidad institucional y el principio de transparencia en la administración pública.