Defensoría solicitó anular la designación de 16 exintegrantes de las AUC como gestores de paz

La Defensoría del Pueblo radicó ante el Consejo de Estado una solicitud de nulidad contra la resolución presidencial que, desde septiembre de 2025, otorgó el estatus de gestores de paz a 16 exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia.

El organismo de control argumentó que la medida no define con precisión las funciones asignadas y que su aplicación genera impactos en el ámbito político y social.

El escrito, firmado por la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, expuso que la resolución 327, emitida el 21 de septiembre de 2025 por la Presidencia de la República, concede un rol institucional a antiguos jefes paramilitares como Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo, conocido como “Jorge 40”, y Diego Fernando Murillo, “Don Berna”, entre otros.

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Según la entidad, algunos de los designados fueron excluidos previamente del proceso de Justicia y Paz por incumplimientos o por reincidir en conductas delictivas.

La demanda señala que la figura de gestor de paz, aplicada a exintegrantes de grupos armados ilegales con amplio reconocimiento público por su participación en delitos graves, produce efectos que, en criterio de la Defensoría, requieren revisión judicial.

El documento sostiene que la resolución otorga un papel oficial a personas que continúan sujetas a procesos de justicia y que su vinculación en funciones institucionales puede afectar la confianza en las instituciones encargadas de garantizar derechos y administrar justicia.

La Defensoría solicitó la suspensión provisional del acto administrativo, indicando que su ejecución mantiene efectos de alcance político y social. En la argumentación se afirma que la naturaleza de la medida, al incluir a exjefes con antecedentes en violaciones graves de derechos humanos, requiere un examen jurídico que determine si la decisión se ajusta al ordenamiento vigente.

En la lista de beneficiarios también se encuentran Héctor José Buitrago Rodríguez, Ramiro Vanoy Murillo, Hernán Giraldo Serna, Luis Eduardo Cifuentes Galindo, Manuel de Jesús Pirabán, Juan Francisco Prada Márquez y José Baldomero Linares Moreno.

El grupo incluye antiguos mandos como Carlos Mario Jiménez, “Macaco”; Rodrigo Pérez Alzate; Fredy Rendón Herrera, “El Alemán”; Edward Cobos Téllez; Arnubio Triana Mahecha y Héctor Germán Buitrago Parada. La mayoría participó en el proceso de Justicia y Paz y recibió beneficios condicionados a la entrega de verdad y reparación.

La resolución cuestionada establece que la designación es temporal y excepcional, y que no modifica las situaciones jurídicas ni concede beneficios penales. Cada uno de los seleccionados debe suscribir un plan de trabajo con el Ministerio del Interior, el Departamento Administrativo de la Presidencia y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, además de firmar un acta de compromiso para atender requerimientos judiciales y presentar informes periódicos.

En el documento presidencial se señaló que la participación de estos exintegrantes buscaba que aportaran información y experiencia para actividades relacionadas con la construcción de paz, la no repetición y los acercamientos con actores armados. En su momento, el presidente Gustavo Petro afirmó que la figura no equivale a indultos ni a modificaciones judiciales, sino a un mecanismo dentro de la política de Paz Total.

Ahora, corresponderá al Consejo de Estado decidir si admite la demanda presentada por la Defensoría del Pueblo y avanzar en el estudio de fondo sobre la validez de la resolución.

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