Corte Suprema investigará a Ricardo Roa y Guillermo Jaramillo por presuntas irregularidades en campaña de Petro

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación, al Consejo Nacional Electoral (CNE) y a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para que se adelanten investigaciones contra el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

La decisión se deriva de presuntas inconsistencias detectadas en la facturación y registro de gastos relacionados con el transporte aéreo durante la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. Según la Sala, parte de los vuelos utilizados por el entonces candidato habrían sido reportados como gastos de la campaña al Senado del Pacto Histórico, que en ese momento también se encontraba en curso.

De acuerdo con el documento judicial, Roa ejercía como gerente de la campaña presidencial de Petro, mientras que Jaramillo era el gerente de la campaña al Senado del Pacto Histórico. La Corte indicó que ambos reportaron facturas de la empresa Sociedad Aérea de Ibagué S.A.S. (SADI) con registros que no coinciden con los servicios realmente prestados.

El alto tribunal detalló que una de las facturas iniciales, emitida el 16 de marzo de 2022 a nombre de Ricardo Roa, incluía 72 horas de transporte en helicóptero, avión y ambulancia aérea, además de otros conceptos logísticos. Sin embargo, dicha factura fue anulada y posteriormente se emitieron nuevas facturas, entre el 12 y 13 de abril de ese año, en las que se dividieron los servicios a nombre de las dos campañas.

Una de esas facturas, la SA-4831, fue dirigida a la campaña al Senado y firmada por Guillermo Jaramillo, mientras que otra, la SA-4832, fue expedida a la campaña presidencial bajo la responsabilidad de Roa. Según la Sala, esta división podría indicar un fraccionamiento artificial de los gastos, lo que implicaría irregularidades contables y una posible doble imputación de recursos.

El auto de la Corte señala que los hallazgos podrían configurar delitos como falsedad en documento privado o fraude procesal, por lo que será la Fiscalía la encargada de determinar si existen elementos suficientes para abrir una investigación penal.

El Consejo Nacional Electoral, por su parte, tendrá que revisar los informes financieros de ambas campañas y establecer si los gastos reportados cumplen con la normativa sobre topes de financiación y registro contable.

La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes evaluará el caso en lo que respecta a los posibles alcances disciplinarios o políticos, dado que uno de los implicados, Guillermo Jaramillo, ostenta actualmente un cargo con fuero constitucional.

La Corte recordó que este proceso se suma a otras investigaciones en curso relacionadas con la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro, en las que se indaga un presunto exceso en los topes electorales por más de 5.000 millones de pesos. Con esta nueva decisión, el alto tribunal deja en manos de los organismos competentes determinar la existencia de responsabilidades penales o administrativas.