Corte Suprema inició juicio por “chuzadas” del DAS: Petro, Coronell y el Polo Democrático pidieron ser reconocidos como víctimas
Ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia avanza el juicio penal contra Andrés Peñate, exdirector del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), por su presunta responsabilidad en interceptaciones ilegales realizadas entre 2005 y 2007 durante el gobierno de
Ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia avanza el juicio penal contra Andrés Peñate, exdirector del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), por su presunta responsabilidad en interceptaciones ilegales realizadas entre 2005 y 2007 durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
El proceso judicial se centra en los seguimientos e interceptaciones a figuras públicas, entre ellas el entonces senador Gustavo Petro, hoy presidente de la República, así como al periodista Daniel Coronell, miembros del Polo Democrático, magistrados de las altas cortes, defensores de derechos humanos y otros dirigentes políticos.
De acuerdo con la acusación, las operaciones de inteligencia se llevaron a cabo sin orden judicial y con fines políticos. La Fiscalía sostuvo que durante la gestión de Peñate se habría desarrollado una red de espionaje desde el DAS que incluyó interceptaciones, seguimientos físicos, vigilancia encubierta y campañas de desprestigio contra opositores del gobierno de la época.
El exdirector ha negado su responsabilidad directa en los hechos, aunque varios funcionarios de niveles medios ya fueron condenados por su participación.
Durante la apertura del juicio, el presidente Gustavo Petro, el periodista Daniel Coronell y el partido Polo Democrático presentaron solicitudes formales para ser reconocidos como víctimas en el proceso. La Corte deberá decidir si acepta su calidad de intervinientes con derechos dentro del juicio, lo cual les permitiría participar en las audiencias y presentar elementos probatorios.
Se espera que en los próximos días se adelanten las diligencias de testimonios de las personas afectadas. El proceso forma parte de una serie de investigaciones abiertas en los últimos años por actividades ilegales ejecutadas desde organismos de inteligencia estatal en el marco de la política de seguridad democrática.

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